Aunque persiste la incertidumbre sobre cuánto más durarán los efectos sanitarios y económico-financieros de la pandemia, ya empieza a hablarse de sus consecuencias ex–post y de las actuaciones que serán necesarias para aminorar los efectos sobre toda la sociedad. En el caso del impacto sobre el sector empresarial, la referencia para ese día después es el Código de Buenas Prácticas aprobado por el Ministerio de Asuntos Económicos, que regula los criterios para las posibles quitas y refinanciaciones a empresas y autónomos que solicitaron en su día préstamos a la banca avalados por el ICO.
El Código marca que las empresas en dificultades —siempre que sus bancos crean que tienen viabilidad futura— podrán prorrogar los vencimientos de los préstamos garantizados por el ICO. Otra alternativa para esas empresas es convertir los créditos avalados en préstamos participativos, lo que de algún modo es una conversión en capital. La última opción, más dramática, es negociar una quita para reducir la financiación avalada.
Son las posibilidades que abre el Código, pero no olvidemos que el propio sector financiero tiene sus propias capacidades en este proceso con su conocimiento de las empresas a las que presta, y gestiona activos y por su mayor capacidad de evaluación de riesgos. Las entidades financieras se dedican precisamente a esa administración, una vez concedido un crédito, a monitorizarlo y a gestionarlo con flexibilidad, si es necesario, para facilitar los pagos y evitar la morosidad. Tienen además incentivos a esa gestión prudente y a evitar llegar a los avales públicos para compensar pérdidas, porque reclamar esas garantías supondría, por un buen tiempo, unas dotaciones a insolvencias importantes que afectarían muy negativamente a la cuenta de resultados.
En este momento de la verdad, hay que valorar el programa de créditos avalados por el ICO. Fue una respuesta —esta vez sí, a diferencia de la crisis financiera de la década pasada— contundente, rápida y eficaz por parte del Gobierno y de las entidades financieras, en un contexto de confinamiento, cierre de muchas actividades y una gran incertidumbre sobre la duración. Si ahora es necesario acometer, con alguna frecuencia incluso, algunas de las situaciones menos deseadas del Código no debería valorarse ese programa de ayudas como algo que al final solamente ha generado problemas.
El programa, al aprobarse con esa contundencia y celeridad, permitió que muchas empresas no se derrumbaran a las primeras de cambio y hayan llegado hasta aquí. Sin esos créditos, se habrían multiplicado las quiebras, cierres de empresas y pérdidas de empleo. Se ganó un tiempo precioso que el sector financiero ha ido gestionando, y ahora le queda lidiar con el final, donde puede que existan soluciones más traumáticas. Los efectos positivos han sido mucho mayores que los negativos.
La mayor parte (el 98%) del sector en su conjunto se ha adherido al Código de Buenas Prácticas. Es una buena noticia porque, por un lado, contribuye a mejorar la imagen de las entidades financieras, que no les viene nada mal. Por otro lado, se genera menos incertidumbre sobre lo que pasará con los préstamos con mayores dificultades.
Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.
