Cuando otros países ya habían tomado medidas contundentes de rescate financiero, en España seguía aumentando la deuda privada, con la inercia de un crecimiento anterior vertiginoso. Hasta 2010, la deuda de hogares y empresas creció y alcanzó los 2,33 billones de euros, un 215,7% del PIB. En aquel momento se prodigaron análisis que sugerían que tal endeudamiento no se podría pagar nunca e, incluso, que podrían ser necesarias quitas a la deuda privada.
El tiempo ha demostrado que esos análisis eran erróneos. En un país poco dado a apreciar los incentivos, los contratos de préstamo han de cumplirse y, de no hacerse, se trata de buscar las mejores soluciones. Casi siempre privadas. Se ponen en marcha otros mecanismos para evitar resultados más desagradables que, contrario a lo que también se piensa muchas veces, a nadie benefician y ninguna parte desea (tampoco las entidades financieras).
«Familias y empresas han peleado por honrar la deuda sino que han hecho un esfuerzo descomunal. Desde 2010 y hasta el tercer trimestre del pasado año, la deuda de familias y corporaciones se ha reducido en 482.459 millones de euros».
Los datos que el Banco de España publicó este lunes sugieren no sólo que familias y empresas han peleado por honrar la deuda sino que han hecho un esfuerzo descomunal. Desde 2010 y hasta el tercer trimestre del pasado año, la deuda de familias y corporaciones se ha reducido en 482.459 millones de euros, un 48,2% del PIB. Esto supone un enorme coste de oportunidad porque la caída del endeudamiento ha supuesto también una disminución de la inversión productiva. Pero encierra elementos muy positivos, como la ratificación de la capacidad del sector privado español para reducir sus niveles de endeudamiento sin destrozar estructuras contractuales ni afectar gravemente a la reputación del país.
En estos días se habla mucho de la deuda más comúnmente conocida, la hipotecaria. Se desconoce en muchos casos que, como en otros ámbitos, los bancos y sus clientes renegocian los términos en función de las condiciones de mercado con frecuencia. Aún más en tiempos de excepcionalidad financiera.
Las estadísticas del INE muestran que en 2015 se produjeron 177.507 cambios registrales por modificación de condiciones y hasta octubre de 2016 otros 121.091. Más de la mitad de los mismos son reducciones pactadas de tipos de interés. La cuestión es que esos cambios son lógicos pero la retroactividad absoluta choca con la proporcionalidad que exige la excepcionalidad financiera.
Conviene estudiar hasta qué punto hogares, empresas y bancos se benefician de tipos de interés negativos. Para las entidades financieras no reflejan el riesgo asociado a prestar y, por lo tanto, no les permiten ofrecer crédito con el margen que se precisaría en las condiciones actuales de demanda. No son tan reducidos esos tipos porque ese sea el equilibrio entre oferta y demanda, sino por la acción excepcional del Banco Central Europeo.
Para las economías domésticas, según estimaciones recientes, han supuesto un ahorro en intereses de 25.000 millones de euros. Esto también ha podido ralentizar la vuelta del crédito porque seguramente ha acelerado las amortizaciones. Los beneficios de la excepcionalidad deben ser para todos, siempre que medie transparencia y seguridad jurídica, como ha sido siempre en la mayoría de los casos.
