Enrico Letta y Mario Draghi lo dijeron claro en sus informes sobre el futuro económico de Europa: el mercado único se había quedado a medio camino y la burocracia era un lastre para la competitividad. Letta defendía que el mercado interior debía completarse con reformas jurídicas y sectoriales que eliminasen las fronteras normativas entre los Estados. Draghi fue aún más explícito. Europa necesitaba “pensar a escala continental” para competir con Estados Unidos y China. Ambos coincidían en la necesidad de simplificar, integrar y escalar. Sus propuestas abarcaban desde la creación de un código mercantil europeo hasta la aceleración de la unión de los mercados de capitales, pasando por la reducción de las cargas regulatorias que frenan la innovación. Los dos informes advertían de un riesgo estructural, la fragmentación. Mientras EE. UU. y China concentran inversión, capacidad tecnológica y poder financiero en marcos regulatorios más ligeros y unificados, la UE se enfrenta a un mosaico de reglas nacionales –además de las panaeuropeas– que multiplican los costes y debilitan la competitividad.
Este año, la UE ha comenzado a transformar en política algunos de esos diagnósticos. En el recientemente publicado 2025 annual progress report on simplification, implementation and enforcement (Informe anual de situación de 2025: simplificación, aplicación y ejecución) se enumeran seis paquetes legislativos de simplificación (omnibus) y una estimación de 8.600 millones de euros en ahorro de costes administrativos recurrentes.
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Por primera vez la simplificación se aborda como un objetivo estructural, no como una tarea secundaria. “Una Unión más audaz, más simple y rápida” es el nuevo lema. En paralelo, la nueva iniciativa sobre la “Unión de ahorros e inversiones” busca integrar los mercados de capital europeos, eliminar obstáculos legales en los servicios financieros y facilitar la inversión transfronteriza. También el BCE reconoce que aún existen fuertes barreras en el post-trade (liquidación y compensación de valores) y en la armonización de los derechos de los inversores, pero admite avances en la coordinación entre supervisores y en la aceptación política de una mayor cesión de competencias a nivel europeo. El Single market scoreboard 2025 (Cuadro de mando del mercado único 2025) muestra mejoras en varios indicadores de cumplimiento, aunque persisten diferencias notables entre Estados miembros. Dos tercios de las empresas encuestadas siguen señalando la carga regulatoria como un obstáculo clave, pero la tendencia general parece positiva. Por primera vez desde 2018, el porcentaje de legislación del mercado único correctamente transpuesta supera el 95%.
Pese a estos progresos, la implementación continúa siendo más lenta de lo deseado. La mayoría de los obstáculos son estructurales. Por ejemplo, la gobernanza europea exige consenso o mayorías cualificadas, lo que ralentiza las reformas más ambiciosas. Los Estados miembros temen perder autonomía regulatoria o capacidad fiscal y, en consecuencia, prefieren soluciones intergubernamentales que diluyen la eficacia. El resultado es que, hasta ahora, proyectos como la unión bancaria están inacabados, por el estancamiento de unos de sus pilares, el seguro común de depósitos. La fragmentación normativa en materia de insolvencias o fiscalidad mantiene a las empresas operando en 27 minimercados. Se ha avanzado bastante en diagnóstico y algo en voluntad política, pero aún carece de instrumentos ágiles de ejecución.
A esto se suma un problema de escala empresarial y tecnológica: las compañías europeas, en promedio, son más pequeñas que sus equivalentes estadounidenses o chinas, lo que reduce su capacidad de inversión en I+D, digitalización y sostenibilidad. Sin una unión real de los mercados de capitales que facilite la financiación para crecer, las empresas europeas seguirán enfrentando un techo de cristal estructural.
Por otro lado, la precaución regulatoria europea –que prioriza la estabilidad, la protección del consumidor y el equilibrio social– hace que los procesos legislativos sean más largos y revisados. Esta actitud, a menudo vista como debilidad frente a la agilidad estadounidense, es también una expresión del modelo social europeo. Por último, la multiplicidad de idiomas, sistemas jurídicos y marcos fiscales genera inercias difíciles de desmontar. La simplificación exige centralización, pero la UE aún opera con una lógica de competencias compartidas, no plenas.
La necesidad de esa simplificación administrativa e integración de mercados en la UE es evidente y una apuesta decidida por ello puede traer más beneficios de los inicialmente pensados, precisamente por esa idiosincrasia prudente del Viejo Continente. En un contexto de repolarización global, de proteccionismo y guerras comerciales y de una desregulación tecnológica y financiera llena de riesgos en Estados Unidos y otros países, la cautela europea puede convertirse en fortaleza si a la vez se logra un entorno menos intervencionista y más business-friendly en Europa. Este entorno más exigente limita ciertos excesos –por ejemplo, la especulación financiera sin respaldo o la explotación descontrolada de datos– que podrían desestabilizar economías en momentos de volatilidad. Mientras en EE. UU. la innovación tecnológica y financiera avanza bajo un principio de “libertad hasta que haya un problema”, Europa ha optado por un modelo de prevención y equilibrio.
En suma, en un mundo tan convulso, esa estrategia puede dar frutos: un sistema financiero más sólido, una transición digital más ética y un entorno de inversión más predecible. El valor de la confianza y la estabilidad institucional no es menor. La Unión Europea no solo debe aspirar a ser más eficiente, sino también a convertir su cautela en una ventaja estratégica. En la era de la inteligencia artificial, la digitalización financiera y los conflictos geopolíticos, esa combinación de prudencia regulatoria y ambición reformista –si logra sus objetivos de competitividad– podría ser el activo más valioso de Europa.
Una versión de este artículo se publicó originalmente en el diario Cinco Días
