Vulnerabilidad y (des)protección social en un contexto de adversidad
Los años de crisis han alterado sustancialmente los mapas de la pobreza en España: no solo ha aumentado el número de pobres, sino que también han cambiado los perfiles de esta pobreza. Muchos de los colectivos sociodemográficos con altas tasas de riesgo de pobreza las mantienen elevadas (generalmente algo más). En algunos colectivos, la tasa de riesgo de pobreza ha cambiado poco, aunque su nivel de ingresos ha disminuido (como resultado de la reducción general de las rentas, que sitúa el umbral de pobreza en niveles más bajos que en el arranque de la crisis). Finalmente, en otros colectivos, la tasa de riesgo de pobreza ha disminuido sensiblemente gracias al mantenimiento de sus rentas durante estos años de crisis, e incluso a su aumento.
La evolución de la pobreza y la desigualdad refleja, sin duda alguna, el impacto de la crisis laboral. El efecto social más discutido de la crisis es la destrucción de más de tres millones y medio de puestos de trabajos, al que hay que sumar los ajustes salariales sufridos por buena parte de la población empleada. Los hogares cuyos ingresos dependen fundamentalmente de rentas generadas en el mercado de trabajo han experimentado riesgos de empobrecimiento con mayor severidad que los hogares cuya renta principal es una pensión. Sin embargo, el deterioro laboral, no explica por sí solo, la reconfiguración de los mapas de la pobreza. Ésta no ha sido solo una crisis de empleo. La elevada concentración de la pobreza en colectivos sociodemográficos como la infancia y la juventud obedece al perfil peculiar de las políticas públicas, que protege poco y mal a ciertos colectivos ante situaciones de adversidad social.
Nos hallamos ante una crisis que ha afectado desproporcionadamente a colectivos vulnerables sin que el Estado social acudiera a su rescate (o, al menos, lo hiciera de manera efectiva) mediante las grandes políticas de protección social diseñadas a tal efecto (principalmente las prestaciones y subsidios de desempleo) o políticas asistenciales de “última red” adecuadas.
«El deterioro de la situación de los desempleados ha venido acompañado de un empeoramiento de las condiciones del mercado de trabajo de las personas que trabajan. Pero no todos lo han sufrido igual. El grueso del ajuste ha recaído sobre los trabajadores temporales, que han sido los más proclives a perder sus empleos y a rotar entre puestos de trabajo».
Un ejemplo de ellos es la evolución de la situación de los desempleados. Aunque, ya antes de la crisis, el riesgo de pobreza de la población desempleada había sido elevado, la prolongación de la situación de adversidad ha acentuado los riesgos de pobreza de este grupo, principalmente como resultado del aumento de personas que permanecen largas temporadas en paro (y no perciben ningún ingreso salarial a lo largo de año), las que no cobran prestaciones contributivas, y las que carecen de algún tipo de protección.
GRÁFICO 1
Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Condiciones de Vida (2005-2014).
El deterioro de la situación de los desempleados ha venido acompañado de un empeoramiento de las condiciones del mercado de trabajo de las personas que trabajan. Pero no todos lo han sufrido igual. El grueso del ajuste ha recaído sobre los trabajadores temporales, que han sido los más proclives a perder sus empleos y a rotar entre puestos de trabajo (experimentando períodos intermedios de desempleo, muy a menudo sin cobertura de protección social). El siguiente muestra claramente la brecha en las tasas de riesgo de pobreza de trabajadores con contrato temporal e indefinido, y la tendencia a que esta brecha se ensanche como consecuencia del empobrecimiento de los trabajadores temporales.
GRÁFICO 2
Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Condiciones de Vida (2005-2014).
«Los incrementos de la desigualdad reflejan, ante todo, el desplome, de las rentas más bajas. Durante los años de crisis, los ingresos equivalentes de las personas cuyos ingresos se sitúan en la primera decila cayeron muy por debajo de los de las decilas superiores».
El resultado del empeoramiento de la situación de los desempleados y de los trabajadores más vulnerables, en combinación con una protección social insuficientes, es un aumento extraordinario de la desigualdad. Durante los años de crisis, la desigualdad ha crecido en España a ritmos inéditos, superiores al crecimiento de la desigualdad en las primeras legislaturas de los gobiernos de Margaret Thatcher en el Reino Unido o Ronald Reagan en Estados Unidos a inicios de la década de los ochenta.
Los incrementos de la desigualdad reflejan, ante todo, el desplome de las rentas más bajas. Durante los años de crisis, los ingresos equivalentes de las personas cuyos ingresos se sitúan en la primera decila cayeron muy por debajo de los de las decilas superiores. Los más pobres han perdido entre 2007 y 2015 el 25% de sus ingresos, mientras que, en las dos decilas superiores, el porcentaje correspondiente se sitúa en torno al 15%.
GRÁFICO 3
Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Condiciones de Vida (2007 y 2014).
Así pues, la crisis ha alterado sustancialmente la distribución de la renta en España, colocando a los segmentos vulnerables en situaciones muy adversas. Como ponen de manifiesto distintos informes internacionales, frente al deterioro del mercado de trabajo, las transferencias monetarias que realiza el Estado han tenido una capacidad muy reducida de amortiguar los efectos sobre colectivos desfavorecidos. Las grandes políticas de transferencia monetaria (pensiones, desempleo, prestaciones por incapacidad, etc.) dependen, en gran medida, de las contribuciones realizadas por los trabajadores a la Seguridad Social. Las trayectorias laborales resultan así determinantes. Hacerse acreedor al derecho exige un mínimo de cotización, y la generosidad de la prestación está ligada a la cuantía de las aportaciones previas. En cambio, el peso de las prestaciones no contributivas en el sistema de bienestar español es bajo. A diferencia de otros países donde la contributividad también es santo y seña del sistema de protección (los países del llamado bloque continental o bismarckiano), el grado de cobertura de las prestaciones no contributivas es limitado, y, cuando se perciben, su generosidad es muy baja. Como consecuencia de todo ello, segmentos amplios de la población con trayectorias cortas o intermitentes, o que han trabajado en la economía sumergida (jóvenes, personas inmigrantes, mujeres), están particularmente expuestos a situaciones de desprotección o sub-protección. Este tipo de adversidades se agrava en situación de falta de empleo, en la que al denominado “precariado” le resulta muy difícil cumplir los requisitos exigidos para disfrutar de prestaciones de carácter contributivo. El sistema los deja fuera o les ofrece protección insuficiente.
En términos comparativos, el sistema de bienestar en España presenta sesgos que se corresponden con las actitudes de la población española hacia la protección social y la solidaridad, que tienden a conceder poca prioridad a colectivos en situación de mucha vulnerabilidad. Esa correspondencia añade dificultades a cualquier proyecto de reforma. Adaptar el Estado de bienestar para responder a las necesidades de sectores vulnerables y procurar que, en futuros escenarios de crisis, pueda contenerse mejor el drama social que provoca el desempleo y la precariedad, requiere revisar viejas fórmulas de protección que se han revelado ineficaces e insolidarias. Para ello habrá que vencer inercias institucionales y construir nuevos relatos de legitimidad de la inversión pública que permitan convertir la lucha contra la exclusión en una prioridad. Una prioridad que sienta como tal un conjunto amplio de la sociedad.
Esta entrada es un resumen del artículo «Empobrecimiento en tiempos de crisis: vulnerabilidad y (des)protección social en un contexto de adversidad», publicado en el número 22 de Panorama Social, titulado «Un balance social de la crisis». Puede acceder a los contenidos completos de la revista desde aquí.
