En noviembre de 2011, el Partido Popular ganó las elecciones generales en España. El Gobierno del país se enfrentaba a un problema de déficit importante, como consecuencia más de la caída de los ingresos por la crisis que de un exceso en el gasto social. La voluntad del ejecutivo de ajustar el gasto llevó en sanidad a la aprobación del Real Decreto Ley (RDL) 16/2012 etiquetado como de “medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones”. Este decreto es hoy día una pieza muy discutida pero importante en nuestro sistema de salud. En su conjunto, con ésta y otras medidas, se pretendió: (i) aumentar los recursos para el sistema, (ii) controlar el gasto, y (iii) aumentar la eficiencia.
«Se trató de controlar el gasto mediante restricciones presupuestarias a la sanidad, tanto a nivel nacional como autonómico, con una reducción de casi 7.000 millones de euros del 2010 al 2014. Una de las principales políticas ha sido la reducción de los salarios y las condiciones laborales de los trabajadores del sector. Otro instrumento de control del gasto consistió en limitar algunos de los servicios sanitarios que recibimos».
El aumento de recursos vino de la mano de nuevos ingresos por la subida del IVA y otras acciones sobre impuestos directos, indirectos y de sociedades, pero también gracias a la introducción de un mayor copago por servicios y medicamentos. Aun está por conocer el impacto real de estas medidas sobre la equidad y la eficiencia.
Se trató de controlar el gasto mediante restricciones presupuestarias a la sanidad, tanto a nivel nacional como autonómico, con una reducción de casi 7.000 millones de euros del 2010 al 2014. Una de las principales políticas ha sido la reducción de los salarios y las condiciones laborales de los trabajadores del sector. Otro instrumento de control del gasto consistió en limitar algunos de los servicios sanitarios que recibimos. Así, una serie de servicios y productos originalmente financiados públicamente dejaron de estar disponibles o implican copagos de algún tipo por parte del usuario. También se redefinió quién tiene derecho a la atención sanitaria y quién no. Se reemplazó el concepto de «ciudadanía» por el de «asegurado» (aquel/la que paga o ha pagado algún tipo de contribución a la seguridad social) y por el de «beneficiario» (cónyuge e hijos menores 26 del asegurado/a). Los inmigrantes ilegales quedaron excluidos de la atención médica que recibían hasta entonces, aunque ante la presión de algunas comunidades autónomas, el Gobierno está reconsiderando dicha decisión. Finalmente, se diseñaron medidas para la mejora de la eficiencia (buscar la relación coste-beneficio en programas e intervenciones, la centralización de las compras, ahorro de energía…), muchas de ellas aún por desplegarse del todo.
Aun estamos alejados de poder evaluar totalmente los efectos de la crisis y de las medidas de austeridad en la salud. Sin duda han generado un profundo malestar entre muchos colectivos directamente afectados, profesionales, usuarios y proveedores del sistema.
«Se redefinió quién tiene derecho a la atención sanitaria y quién no. Se reemplazó el concepto de “ciudadanía” por el de “asegurado” (aquel/la que paga o ha pagado algún tipo de contribución a la seguridad social) y por el de “beneficiario” (cónyuge e hijos menores 26 del asegurado/a)».
Podemos, sin embargo, sintetizar algunas de las evidencias de impacto más importantes sobre la salud y los servicios sanitarios entre 2007-2013. En los estudios más recientes se observan tanto claros como oscuros. Entre los claros encontramos un ligero aumento de la esperanza de vida y de la esperanza de vida en buena salud. El estado de salud autopercibido por la población, las tasas de mortalidad estandarizadas, el consumo de tabaco, los accidentes de tráfico o laborales también mejoraron en ese período. Hay otros indicadores que no son positivos, como la obesidad (incluida la infantil), los problemas y enfermedades crónicas o de larga duración, la salud mental de la población adulta (especialmente la depresión y la ansiedad), el abuso de alcohol (especialmente entre mujeres) o las tasas de suicidio (aun siendo tasas muy bajas en Europa).
«No todos los efectos registrados, tanto los positivos como los negativos, tienen una relación directa con el periodo de crisis sino con una tendencia de hace más de veinte años de crecimiento sostenido».
Es prudente señalar que no todos estos efectos, tanto los positivos como los negativos, tienen una relación directa con el periodo de crisis sino con una tendencia de hace más de veinte años de crecimiento sostenido. Debemos, no obstante, estar alerta. La crisis ha golpeado fuerte sobre el desempleo, la precariedad y las desigualdades de renta, todos ellos determinantes sociales de la salud. Los efectos de una pobreza y un desempleo sostenidos en el tiempo pueden dañar seriamente la salud de nuestra población, lo que requiere que se pongan en marcha políticas económicas y sociales adecuadas.
Esta entrada es un resumen del artículo «Evidencias y reflexiones sobre el impacto de la crisis en la salud y la sanidad », publicado en el número 22 de Panorama Social, titulado «Un balance social de la crisis». Puede acceder a los contenidos completos de la revista desde aquí.
