En la última semana muchos analistas de la coyuntura española habrán tenido que hacer horas extra para analizar toda la cuantiosa, y muy relevante, información publicada. Entre lo más importante, a lo que dedicaré la columna de hoy, se sitúa el avance del cierre de las cuentas públicas de 2013.
En el pasado año los gastos del conjunto de las administraciones públicas ascendieron a 458.666 millones de euros, según la metodología de la contabilidad nacional (versión Protocolo de Déficit Excesivo) utilizada por todos los países de la UE. De esta cifra, y a efectos puramente analíticos, podemos deducir 4.661 millones de ayudas a instituciones financieras, que son gastos extraordinarios que se producen una vez y no se quedan de forma permanente en la estructura del gasto público, por lo que no suelen contabilizarse a efectos del análisis de la evolución y sostenibilidad de las cuentas públicas. Por cierto, en los cuatro últimos años los contribuyentes hemos tenido que asumir pérdidas por ayudas irrecuperables por valor de 49.258 millones. ¡Y eso que nos dijeron que el salvamento de la banca no nos costaría un euro!
Los ingresos financiaron el 85% de los gastos, excluidas las ayudas financieras. El resto, 67.755 millones, fue el déficit que hubo que financiar aumentando la deuda. Esta se situó al finalizar el año en 960.640 millones, el 93,9% del PIB. Recordemos que en 2007 la deuda era el 36,2% del PIB. Este déficit, excluidas las ayudas financieras, equivale al 6,6% del PIB, apenas dos décimas menos que en 2012, pero una décima más que el objetivo establecido por el Gobierno y las instituciones europeas. La administración más responsable del incumplimiento fue el Estado, cuyo déficit (el 4,3% del PIB) se pasó cinco décimas de su objetivo. Ello fue en gran parte compensado por las cuatro décimas de mayor superávit de las corporaciones locales.
(1) Sin incluir en los gastos las pérdidas por ayudas a instituciones finqancieras.
Fuentes: Eurostat y M. de Hacienda. Gráficos elaborados por A. Laborda.
A pesar de la idea muy extendida en nuestra sociedad de que el gasto público sigue recortándose fuertemente, el caso es que en 2013 aumentó ligeramente, un 0,2%, respecto al año anterior. Ello, unido al descenso del PIB, hizo que el peso que supone el mismo sobre el PIB aumentara del 44 al 44,4%. Esta cifra se queda unos 5,5 puntos por debajo de la media de la zona euro. Las partidas principalmente responsables de este aumento fueron las prestaciones sociales (dentro de ellas, las pensiones, ya que las de desempleo y otras disminuyeron) y los intereses de la deuda, que aumentaron tres y cuatro décimas del PIB, respectivamente. Los gastos corrientes en remuneraciones del personal y consumos intermedios disminuyeron en línea con el PIB, por lo que su peso porcentual permaneció estable. En cambio, se redujeron de nuevo los gastos de capital. Esta partida está siendo fundamental para el control del déficit público: entre 2010 y 2013 el gasto público total se ha reducido en 1,9 puntos porcentuales del PIB, mientras que los gastos de capital lo han hecho en 3,8 puntos.
La pequeña reducción del déficit provino en 2013 del aumento de los ingresos, que crecieron un 1% y, como porcentaje del PIB, pasaron del 37,2 al 37,8%. Esta última cifra es 9 puntos porcentuales inferior a la media de la zona euro. Partiendo de este dato y de que el déficit sigue siendo muy elevado, decir que ha llegado la hora de bajar impuestos en España es poco serio. Quizás a algunos se les podrían bajar, pero habría que aumentarlos a otros, sobre todo a los que eluden descaradamente sus obligaciones fiscales. El aumento de los ingresos fue consecuencia, a su vez, de los numerosos cambios normativos (subidas de impuestos) llevadas a cabo en los dos últimos años. Según cálculos de la Agencia Tributaria, estas medidas hicieron aumentar la recaudación de 2013 en casi 12.000 millones de euros. Si no es por ellas los ingresos tributarios hubieran descendido de nuevo más que el PIB, como consecuencia de que las caídas de sus bases imponibles, sobre todo el gasto en consumo y compra de vivienda de los hogares y las rentas del trabajo, volvieron a disminuir más que el PIB. Por tipos de impuestos, fue en los indirectos donde se produjo el mayor aumento, como consecuencia de la subida del IVA en septiembre de 2012 y de otras muchas medidas que afectaron a los impuestos especiales y medioambientales. Entre los impuestos directos, aumentó ligeramente la recaudación del IRPF, pero volvió a reducirse la de Sociedades. Las cotizaciones sociales continuaron descendiendo y agravando el déficit de la Seguridad Social.
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Ángel Laborda es director de coyuntura de la Fundación de las Cajas de Ahorros (FUNCAS).
