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El déficit educativo y laboral de las personas con discapacidad en España

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Funcas publica hoy, con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el estudio Las personas con discapacidad en España: actividad, empleo y calidad de vida. El documento ofrece una radiografía de la situación de los 4,3 millones de personas —2,5 millones de mujeres y 1,8 millones de hombres— con discapacidad en nuestro país, lo que representa el 9,7% de la población española. De ellos, más de un millón —732.000 mujeres y 327.000 hombres— viven en solitario.

Además de exponer los grandes datos sobre este colectivo, el estudio, firmado por los profesores Miguel Ángel MaloRicardo Pagán y Vanesa Rodríguez Álvarez, examina las condiciones de vida de estas personas, poniendo el foco en el panorama laboral y educativo, pero también en lo referido a recepción y prestación de cuidados personales o a los servicios sanitarios y sociales que reciben. Otros aspectos analizados son sus relaciones sociales y familiares, su participación ciudadana y cuestiones relacionadas con su autonomía personal.

Es en el ámbito laboral donde se centran los principales desafíos para las personas con discapacidad. Sus niveles de actividad, empleo y desempleo reflejan un problema estructural profundo y se sitúan muy por alejadas de la media nacional. La tasa de paro casi duplica la de la población total, mientras que la de empleo apenas supera un tercio de la de toda la población.

En la esfera educativa, crucial para la integración social, se observan progresos discretos pero insuficientes. El porcentaje de personas con discapacidad con estudios universitarios ha crecido del 7,2% al 10,7% en 15 años, aunque este avance está por debajo del incremento experimentado por la población general.

En el ámbito de los cuidados personales, el estudio constata que aproximadamente la mitad de las personas con discapacidad los recibe; quienes los prestan, mayoritariamente, son familiares que conviven con la persona con discapacidad, lo que genera importantes cargas emocionales y físicas. Por otro lado, los servicios sanitarios muestran una cobertura amplia entre la población con discapacidad, con un 93,2% de utilización, mientras que los servicios sociales presentan una penetración mucho más limitada. Una proporción significativa de personas recibe ayudas técnicas, aunque persisten importantes brechas de atención.

El estudio concluye con una relación de implicaciones para las políticas públicas, entre las que se incluyen el desarrollo de estrategias más efectivas para la inclusión educativa y laboral, el diseño de políticas de apoyo a los cuidadores o la ampliación de los servicios sociales adaptados a las diversas necesidades.

Descarga íntegro el estudio aquí.

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