Finalmente, pudo evitarse el tortazo de la rebaja del rating de Cataluña a impago selectivo por parte de Standard&Poor’s, pero no una nueva degradación de su nota. La deuda catalana se hunde así aún más en el terreno del bono basura en el que se había enfangado ya. Se va camino de una situación grave.
La historia de la sostenibilidad financiera de Cataluña tiene innegables raíces políticas con muchas bifurcaciones. La más urgente se refiere a la situación de la caja, que suena hueca, y a las negociaciones para solventarla. Precisamente el aparente retraso en el pago de algún préstamo bancario fue una de las espoletas que desató los nervios. También lo fueron los vencimientos de deuda que Cataluña tiene que afrontar a medio y largo plazo. El manto político que recubre todas estas cuestiones es si el Estado español y el Gobierno catalán están arbitrando suficientes mecanismos para evitar males mayores, al tiempo que las tensiones por la difícilmente descifrable agenda independentista vienen y van.
La política ofrece mensajes mixtos que los inversores no digieren bien. Un día la independencia no es posible con su apoyo actual y al siguiente el reloj es imparable. El juego político amenaza con reventar la credibilidad fiscal.
Los mercados presuponen una red de seguridad del Estado —donde el Fondo de Liquidez Autonómica juega un papel crucial— para cualquiera de sus regiones, pero cada vez que se habla de «desconexión» saltan todas las alarmas y se desata algún que otro incendio. La política ofrece mensajes mixtos que los inversores no digieren bien. Un día la independencia no es posible con su apoyo actual y al siguiente el reloj es imparable. El juego político amenaza con reventar la credibilidad fiscal.
Los mercados de deuda soberana están esterilizados porque el BCE está adquiriendo deuda pública. Sin ese paraguas, el coste de la incertidumbre política en España se reflejaría seguramente en una (considerablemente) mayor prima de riesgo, que sería casi asfixiante con el elevadísimo nivel de deuda pública hoy. Pero esto no vale tanto para Cataluña. Su riesgo primero dobló al nacional, luego lo triplica y vamos camino de múltiplos mayores. Ahí está ahora el foco y la respuesta política no está a la altura en ocasiones. En todo caso, si continua la escalada, y sin un Gobierno estable a la vista, el bono español puede acabar viéndose también perjudicado, con paracetamol desde Fráncfort o sin él.
Vaya por delante que hay un número importante de comunidades en las que se huelen problemas de caja y de solvencia significativos. Se dotan partidas presupuestarias a universidades, hospitales y otros servicios y luego no se pagan o se abonan con retraso impresentable… Y no pasa nada. Los problemas de los proveedores para cobrar son importantes. Y, entre tanto, hay muchas nóminas que pagar.
Parece evidente que el sistema de financiación no funciona pero no puede ser la excusa para todo. Algunas regiones favorecidas en términos de solidaridad territorial sostienen sin rubor que algunos de sus servicios están infrafinanciados. Otras regiones que aparecen en todas las listas como claras perjudicadas se ven castigadas por sus escándalos políticos. Urge un cambio que ofrezca mayor responsabilidad y sostenibilidad, pero también una respuesta de corto plazo a la altura. Un default (o evento de crédito de algún tipo) de Cataluña sería un desastre y un terrible error político.
