Tras la aprobación de los presupuestos y del plan de recuperación europeos, y con el horizonte monetario despejado por el BCE, se abre una etapa singular para nuestra economía. Por primera vez, la financiación no es un obstáculo ni a la salida de la crisis ni al desarrollo económico y social del país. Los PGE, a punto de concluir su tramitación, contemplan un incremento del gasto del 17,5%, sin endurecimiento apreciable en materia de impuestos —una expansión fiscal en apariencia indolora, financiada por el déficit—. Por si fuera poco, tanto el Estado como el sector privado podrán obtener recursos en el mercado en condiciones excepcionalmente favorables. De tal forma que el principal reto para 2021 no es conseguir financiación, sino cómo emplearla.
La cuestión no es menor, porque cuando los recursos abundan y su coste es casi nulo, se pueden acabar financiando proyectos de dudosa utilidad, generando graves desequilibrios a largo plazo (como ya lo vimos con la crisis del ladrillo). Bien es cierto que las condiciones asociadas a los fondos europeos ayudan a priorizar —en este caso, de manera acertada— en torno a la transición ecológica, la digital y la inclusión social. Pero esta condicionalidad solo garantiza un retorno económico y social si se genera un efecto tractor sobre el conjunto del aparato productivo. Y para que esto se produzca hacen falta incentivos, de manera que el mercado funcione en sinergia con la intervención pública. De lo contrario, todo ese gasto solo tendrá un efecto fugaz, lo que hará insostenible la carga de la deuda.
La reciente reforma del mercado eléctrico es un paso en esa dirección de mayor coherencia. La creación de un fondo de compensación equivale de facto a un encarecimiento de las energías fósiles, y un abaratamiento de las renovables. Asimismo, la factura de la electricidad se reduce para las familias y las empresas, mientras que los costes de transición pesarán sobre el consumidor de combustibles fósiles. La clave está en asegurar una fase de transición suficiente para incentivar la inversión privada en renovables (sin causar un incremento abrupto del precio de la gasolina, que podría provocar reacciones virulentas como en otros países). Solo así cobran todo su sentido los proyectos de inversión, en red eléctrica, investigación en almacenamiento de electricidad, promoción de energía renovables, o hidrógeno.
«Una reforma que ataje la exagerada temporalidad del empleo es una condición sine qua non para el éxito de los planes de inclusión, y para un aumento de la productividad».
Raymond Torres
En el caso de la transición digital, la estrategia consiste en extender la cobertura de la red de banda ancha, potenciarla con la tecnología 5G, y así facilitar el acceso para todas las empresas. Sin embargo, a la inversa de lo que se pretende con la reforma del mercado eléctrico, la inversión pública (o en cooperación con las empresas del sector), no altera directamente los incentivos de mercado. Por ejemplo, la digitalización de las pymes, su acceso a técnicas como el cloud computing, o el comercio electrónico dependen de las condiciones de mercado, que como tal no se verán alteradas por la inversión pública. En otros países más avanzados en digitalización de pymes, como Alemania o Corea del sur, las políticas públicas generan incentivos en toda la cadena de valor, para así generar beneficios de red.
Gráfico 1
Gráfico 2
Fuente: Ministerio de Trabajo y Economía Social y Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
En cuanto a la inclusión social, bienvenidas sean las mejoras en educación y capacitación previstas tanto en los PGE como en el plan europeo, condiciones necesarias para la transformación del modelo productivo. Pero no son suficientes, porque el mercado laboral español tiende a desaprovechar el capital humano, cuando no lo destruye, echando a perder el esfuerzo de inversión pública. Es un hecho que el paro juvenil supera ampliamente la media europea incluso para los más cualificados. Una reforma que ataje la exagerada temporalidad del empleo es por tanto una condición sine qua non para el éxito de los planes de inclusión, y para un aumento de la productividad.
Reformas adaptadas al contexto de crisis para que el necesario activismo de los Estados convierta 2021 en el primer peldaño de la transformación. Y que las cargas de la deuda sean asumibles.
Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.
