Probablemente uno de los cambios más significativos que se han producido en el perfil de la población penitenciaria española durante las últimas décadas es el progresivo aumento de internos que padecen algún tipo de trastorno mental. A partir de dos estudios realizados en 2006 y 2009 para conocer el número y el tipo de enfermos mentales que se encuentran en prisión, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias estimó, en su Informe General de 2015, que cuatro quintas partes de los internos tenían antecedentes de trastorno mental. En el estudio de 2009 se indicaba que el 41% de los internos presentaba algún tipo de trastorno mental; en concreto, trastorno de ansiedad (23%), trastorno afectivo, generalmente depresivo (14,9%), y trastorno mental grave, generalmente una psicosis (4%). De mantenerse las proporciones, es probable que unas 24.550 personas del total nacional de la población reclusa en 2016 padezcan una enfermedad mental; aproximadamente 2.500 de ellas, un trastorno mental grave. La atención psiquiátrica de estos reclusos recae sobre los médicos de atención primaria de los centros penitenciarios.
Estos reclusos tienen necesidades especiales, pues su discapacidad intensifica las consecuencias emocionales, físicas y sociales que conlleva el internamiento en un medio tan difícil como el penitenciario. Sucede, además, que una parte considerable de ellos están aquejados de lo que se denomina “patología dual”; esto es, además de la enfermedad mental, sufren alguna drogadicción.
Con el objetivo de dar respuesta a las necesidades de esta población reclusa con problemas de enfermedad mental y, también en su mayoría, con patología dual, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias presentó, en septiembre de 2009, el protocolo de aplicación del Programa Marco de Atención Integral a Enfermos Mentales en Centros Penitenciarios (PAIEM), cuyo seguimiento se realiza junto con la Subdirección General de Coordinación de Sanidad Penitenciaria y que recoge trimestralmente datos de participación de internos. Según los últimos datos publicados en 2015, un total de 1.814 internos fueron atendidos en dicho programa, el 4 por ciento de la población reclusa en régimen cerrado y ordinario en 66 centros penitenciarios españoles. Desde 2014, a partir de la experiencia del programa piloto puesto en marcha en 2010 en el Centro de Inserción Social Victoria Kent de Madrid, se está implantando en algunos de estos centros de régimen abierto el Programa Puente de Mediación Social para personas con Trastorno Mental Grave. Durante 2015, este programa se desarrolló en 16 centros de inserción social e incluyó a un total de 111 internos, lo que se corresponde, según datos de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, con el 4 por ciento de la población penitenciaria de tales centros.
«Las personas con discapacidad psíquica que ingresan en prisión son, generalmente, ubicadas en el módulo de enfermería, lo que para la mayoría de ellas supone la oportunidad de recibir una atención clínica básica».
Los reclusos con discapacidad psíquica son, en general, como buena parte del resto de la población penitenciaria, personas provenientes de familias desestructuradas, con problemas de convivencia y escasos recursos económicos, falta de cualificación, altas tasas de exclusión sociolaboral y politoxicomanía. Sucintamente, el perfil mayoritario de estos reclusos es el de un hombre con un trastorno mental grave (esquizofrenia en distinto espectro, trastorno bipolar y psicosis) de larga duración y que ha sido consumidor de drogas y/o alcohol en algún momento de su vida. Pero, en los últimos tiempos, están entrando en prisión jóvenes con brotes psicóticos por consumo de tóxicos y con otros trastornos, como el déficit de atención e hiperactividad. No es el perfil general, pero también parece ser una patología emergente el trastorno límite de personalidad, muchas veces asociado al consumo de drogas. En todo caso, a partir de un estudio cualitativo basado en varias decenas de entrevistas a funcionarios de prisiones, cabe afirmar que se halla muy extendida la percepción del aumento del número de personas con enfermedad mental que llegan a prisión.
Las personas con discapacidad psíquica que ingresan en prisión son, generalmente, ubicadas en el módulo de enfermería, lo que para la mayoría de ellas supone la oportunidad de recibir una atención clínica básica, pues lo frecuente es que lleguen sin tratamiento, sin tomar medicación regular y con dependencias de tóxicos. De ahí que, la entrada en prisión les permita, inicialmente, compensar los síntomas y estabilizarse. Durante el año 2015, según datos de referencia del Informe General de Instituciones Penitenciarias, se produjeron 21.773 ingresos en las camas de enfermería de los centros penitenciarios, de los cuales 9.491 (46%) fueron motivados por patologías psiquiátricas.
Las mejoras provocadas por la toma de la medicación y la introducción de rutinas y hábitos más saludables deberían ir acompañadas por tratamientos terapéuticos y actividades de estimulación y ocupacionales, específicamente orientadas a la discapacidad, no siempre posibles en el ámbito de los centros penitenciarios. Pero la situación de los reclusos con problemas de salud mental plantea retos que no se circunscriben al ámbito penitenciario. Interpela también a quienes actúan en otras instituciones (por ejemplo, las sanitarias y judiciales) y suscita una problemática que requiere una atención y un debate hoy día en gran medida ausentes.
Esta entrada es un resumen del artículo Discapacidad psíquica y riesgo de exclusión social. Las personas con enfermedad mental en centros penitenciarios, publicado en el número 26 de Panorama Social. Puede acceder aquí al sumario y la descarga de la revista.
