El cumplimiento del objetivo de déficit anunciado esta semana interrumpe la acumulación, que parecía imparable, de deuda pública y da un respiro al país frente a las exigencias de Bruselas. El resultado mejora la previsión de consenso, que situaba el déficit cerca de dos décimas por encima del 4,33%, la cifra comunicada por el Ministerio de Hacienda.
Pero este buen resultado obedece en parte a tendencias preocupantes de cara al futuro. Primero porque la buena sorpresa se debe esencialmente a la compresión de la inversión pública, que bate el récord de mínimos de la serie histórica. Parece difícil mantener niveles de inversión tan bajos a largo plazo, sobre todo teniendo en cuenta las necesidades que generan la revolución digital y la transición energética.
Gráfico 1
Gráfico 2
Fuentes: Ministerio de Hacienda, Comisión Europea y Funcas.
La recaudación impositiva aumentó un 1,7%, muy por debajo de la evolución de la riqueza nacional. Bien es cierto que los impuestos se redujeron en 2016, sobre todo en materia de IRPF. Pero la evolución del impuesto de sociedades tampoco parece responder al auge de la economía. Incluso, la recaudación de IVA y otros impuestos indirectos cae en proporción sobre el PIB. Da la sensación que la situación no va a cambiar significativamente, pese a las medidas de ajuste adoptadas a finales del año pasado. Según los datos de enero y febrero, los impuestos que entran en las arcas del Estado están en línea con las evoluciones experimentadas en 2016. Las cotizaciones sociales se incrementaron a un ritmo que dobla el de los impuestos. Una evolución insuficiente para atajar el creciente agujero de la Seguridad Social.
El gasto público, por su parte, se ha estabilizado, facilitando la reducción del déficit pese a la atonía de la recaudación. Las comunidades autónomas han realizado un esfuerzo de contención, contrapartida necesaria a la mutualización de su deuda por el Estado. Por otra parte, la carga de la deuda pública se ha atenuado como consecuencia de la fuerte reducción de los tipos de interés y de la política de compra de bonos del Banco Central Europeo. Por el contrario, el gasto en pensiones progresa de manera acusada, fruto de la mayor longevidad y del leve incremento del importe medio de las pensiones.
En conjunto, el déficit se ha reducido menos de lo que cabría esperar teniendo en cuenta el buen momento de la economía española, que experimentó un crecimiento por encima del 3% por segundo año consecutivo. Además, el esfuerzo de consolidación es menor que en los otros países europeos. España tiene el déficit más elevado de toda la Unión Europea.
El gobierno acaba de aprobar un proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2017 y del que todavía no se conocen los detalles. Por tanto, es pronto para pronunciarse al respecto. Hoy por hoy, no se esperan medidas contundentes como un aumento del impuesto sobre hidrocarburos o una racionalización de las desgravaciones que erosionan la base de recaudación. A falta de tales medidas, el cumplimiento del objetivo de déficit fijado para este año, es decir el 3,1%, sería complicado.
El déficit se ha reducido menos de lo que cabría esperar teniendo en cuenta el buen momento de la economía española, que experimentó un crecimiento por encima del 3% por segundo año consecutivo
Conviene acercarse lo más posible a ese umbral. Se anuncian cambios en la política del BCE, que empezará por reducir las ingentes cantidades de deuda pública que compra cada mes, y que tanto ha contribuido a la reducción de los pagos por intereses que soporta el Estado. Los tipos de interés también acabarán por aumentar, tal vez durante el 2018. A partir de ese momento, el Estado tendrá que financiarse en el mercado, a unas condiciones que sin duda no serán tan favorables como en la actualidad. Algo que provocará un encarecimiento de los intereses y por tanto presionará al déficit y a la deuda. Una espiral que hay que prevenir, para no enfriar la recuperación, ni afectar el estado de bienestar.
En definitiva, el déficit público se mantiene, junto al paro, como el principal factor de vulnerabilidad para el país. Los responsables políticos disponen de un horizonte limitado, en torno a dos años, para aprovechar la buena marcha de la economía, mejorando la recaudación y reduciendo los déficits, empezando por el de la Seguridad Social. Después, el apoyo del BCE seguramente será menos intenso. Y eso significa que nadie nos ayudará a cuadrar las cuentas.
