Desde su primera aparición en 2010 los criptoactivos han evolucionado de ser casi una rareza, de importancia marginal en el ámbito de las inversiones, a un fenómeno global en la actualidad con implicaciones profundas para la economía, las finanzas y la soberanía monetaria. Continúa siendo un activo de elevado riesgo, con un mercado insuficientemente transparente a la vez que volátil, sin que gran parte de los inversores minoristas comprendan lo que se están jugando. Es en este escenario, en el que han proliferado estos activos digitales y las stablecoins (diseñadas para mantener un valor constante) la Administración Trump termina de impulsar una nueva ola de desregulación financiera que muy probablemente transformará el panorama cripto en EE. UU. y más allá. Y que podría afectar al futuro de la demanda y uso de divisas como el dólar, o sea, a la soberanía monetaria de los países, ya que la nueva norma otorga a aquéllas mayores posibilidades ser empleadas en transacciones comerciales, sobre todo, internacionales.
La reciente (des)regulación aprobada, denominada Genius Act, es un giro radical. Con promesas de transparencia y confianza, reordena prioridades legales y crea una peligrosa dependencia entre regulación, mercado y potencialmente dinero público. Con una capitalización por encima de los 200.000 millones de millones, las stablecoins se han convertido en el combustible de todo el ecosistema cripto. Ofrecen liquidez casi instantánea y paridad con el dólar. Sin embargo, detrás de su aparente estabilidad existe una compleja red de riesgos operativos y regulatorios. El elemento más controvertido, que no único, reside en que los tenedores de stablecoins pasarían a tener prioridad legal en caso de quiebra, por encima del resto de acreedores, alterando el orden tradicional de prelación. Algunos agentes de gran importancia en posibles procesos problemáticos como abogados o administradores concursales podrían no desear involucrarse en liquidaciones si no tienen garantías de cobro. Y, lo que es peor, si los activos del emisor no alcanzan para cubrir las obligaciones, la presión recaería en el Estado para indemnizar a los tenedores. O sea, se allana el camino a un posible rescate cripto con fondos públicos. El nuevo marco legal podría, entre otras disfuncionalidades, incentivar la confianza excesiva, desincentivar la debida diligencia de los usuarios y alimentar la idea de que las stablecoins son “seguras por ley”.
Mientras, en Europa, la normativa MiCA (Reglamento sobre Mercados de Criptoactivos) contrasta enormemente con la Genius Act, ya que aquella es una regulación garantista y que busca proteger a los usuarios. Esas grandes divergencias pueden generar arbitraje regulatorio, donde las empresas migran hacia jurisdicciones más permisivas, debilitando los esfuerzos multilaterales por armonizar las reglas del juego. Y con un potencial aumento considerable de riesgos financieros globales.
Este artículo se publicó originalmente en el diario La Vanguardia.
