Según estimaciones publicadas por Eurostat hace unos días, más de 13 millones y medio de personas están en riesgo de pobreza y exclusión social en España, 3 millones más que antes del inicio de la crisis. Estos datos se refieren a personas que disponen de una renta inferior a unos 668 euros al mes, es decir por debajo del 60 por ciento de la renta media. Se trata pues de pobreza relativa, que refleja la distribución de la renta nacional.
El riesgo de pobreza también ha crecido en la mayoría de los países europeos. Pero, si exceptuamos a Grecia, el empeoramiento no ha sido tan significativo como en España. Hoy por hoy, la tasa de pobreza se sitúa 6 puntos por encima de la media europea.
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Fuente: Eurostat. Gráficos elaborados por R. Torres
El desglose de los datos globales es esclarecedor de la brecha generacional que se ha generado. El riesgo de pobreza afecta a uno de cada tres menores y a cuatro de cada diez jóvenes, y las tendencias siguen siendo preocupantes para ambos colectivos. Sin embargo, la tasa de pobreza ha permanecido estable y por debajo de la media nacional entre los adultos y para los mayores de 65 años.
GRÁFICO 2
Fuente: Eurostat. Gráficos elaborados por R. Torres
Las consecuencias sociales de esta situación son evidentes. La pobreza tiende a perpetuarse. Casi el 40 por ciento de las familias monoparentales –a menudo madres solteras o separadas– están amenazadas por la pobreza. Además, el acceso a servicios públicos como la educación y la sanidad, verdaderos sustentos de la movilidad social, se ha deteriorado como resultado de las restricciones presupuestarias. Gracias a la solidaridad familiar, la pobreza es menos traumática que en otros países. Pero ello no impide la erosión de la cohesión social. Varios analistas apuntan a una fragmentación de los sistemas políticos y mayores dificultades para emprender reformas, como consecuencia de la agravación de las desigualdades y la falta de oportunidades que perciben los jóvenes.
«Claro está que la recuperación económica y del empleo facilita el aumento de todas las rentas. Pero ese vínculo no es ni suficiente ni automático. Un motivo es porque los ciclos suelen tener impactos asimétricos sobre los grupos más vulnerables».
Por otra parte, el aumento de la pobreza y de las desigualdades también conlleva un coste económico. Conviene recordar que uno de cada 10 titulados universitarios está en riesgo de pobreza. La tasa es aún más alta entre los jóvenes titulados, lo que da idea del despilfarro de recursos económicos.
La pobreza laboral es a la vez causa y consecuencia de la baja productividad, que es uno de los mayores desafíos a los que se enfrenta la economía española.
Así pues, la reducción de las desigualdades y del riesgo de pobreza tendría que ser una prioridad. Claro está que la recuperación económica y del empleo facilita el aumento de todas las rentas. Pero ese vínculo no es ni suficiente ni automático. Primero porque los ciclos suelen tener impactos asimétricos sobre los grupos más vulnerables. Mientras las recesiones se repercuten con mayor dureza sobre las rentas bajas, la recuperación tarda en generar ingresos para los más desfavorecidos.
Además, las políticas sociales y de empleo pueden mejorar el vínculo entre crecimiento y pobreza. La recuperación con empleos precarios no permite su reducción. Algunas reformas generan una excesiva rotación en el mercado laboral y conllevan un riesgo elevado de precariedad, incluso para aquellos que tienen un empleo. Por ejemplo en España el riesgo de exclusión social entre los trabajadores autónomos es el doble del que afecta a los asalariados y la brecha sigue creciendo. También existen discrepancias entre asalariados con contratos temporales y fijos. A la luz de estos resultados y de lo que se sabe de lo que ha funcionado a nivel internacional, se deberían evaluar las reformas llevadas a cabo estos últimos años por diferentes gobiernos.
El salario mínimo podría jugar un papel esencial en la lucha contra las desigualdades, siempre y cuando no destruya empleo. En España, el salario mínimo (en porcentaje sobre el salario medio) está muy por debajo de la media europea como por ejemplo, el Reino Unido que goza de una tasa de paro reducida. El gobierno alemán ha introducido un salario mínimo y el paro sigue disminuyendo.
En definitiva, el aumento de la pobreza laboral abre un debate a la vez ético y económico que plantea un equilibrio entre eficiencia y equidad. Requiere de estrategias globales que no perjudiquen la recuperación económica. Las soluciones son complejas pero existen y dependen de una voluntad común para lograr un crecimiento sostenible.
