Una popular boutade que se viene repitiendo últimamente es que sin Gobierno estamos mejor. Se establecen incluso comparaciones con Bélgica y cómo algunos indicadores macroeconómicos mejoraron durante los 541 días que aquel país estuvo sin ejecutivo en firme hasta el 6 de diciembre de 2011. Se confunde en estas comparaciones el componente cíclico con la acción gubernamental. Cuando Bélgica finalmente tuvo de nuevo Gobierno, Europa estaba entrando en la segunda recesión de la crisis.
El caso es que España cumple cien días sin una agenda económica más allá de lo inercial. Y el riesgo económico que esto conlleva no es lineal. El primer semestre de 2016 puede ser llevadero pero las cosas se complicarán de forma acelerada en el segundo si no hay un nuevo gobierno, o si éste no tiene visos reformistas. Lo que en estos primeros meses ha sido una acumulación de evidencia anecdótica sobre los peligros de la orfandad política, se puede convertir en una falta de confianza inversora manifiesta. Incluso podría cundir —aunque esto no estaría suficientemente justificado— una sensación de que España entra el terreno de la italianización: gobiernos inestables e imposibilidad demostrada de liderazgo económico, estancamiento y empobrecimiento relativo.
«Hay cuestiones directamente atribuibles a la interinidad de la situación, como la caída de la licitación oficial (y su impacto sobre las constructoras)».
Se aprecian ya señales de preocupación creciente: avisos de las agencias de calificación,preocupación por la consolidación fiscal desde Bruselas, falta de apoyo institucional a empresas y proyectos españoles en el extranjero con la suspensión de viajes de Estado. Hay incluso cuestiones directamente atribuibles a la interinidad de la situación, como la caída de la licitación oficial (y su impacto sobre las constructoras).
«Hay incluso pocas noticias sobre la participación en las acciones inversoras relacionadas con el Plan Juncker, para las que es precisa una acción propositiva gubernamental que se está echando mucho de menos».
El que se aprobaran los presupuestos públicos es un alivio dentro de esta situación, porque evita una parálisis mayor. Aun así, no impide que muchas decisiones se posterguen o se fíen a la llegada de un nuevo gobierno. Hay incluso pocas noticias sobre la participación en las acciones inversoras relacionadas con el Plan Juncker, para las que es precisa una acción propositiva gubernamental que se está echando mucho de menos. Lo más lamentable, en todo caso, es el freno a los avances que puedan hacer la economía española más competitiva, que ya era incluso perceptible durante buena parte de 2015.
Esto no viene nada bien, en particular, en algunos sectores estratégicos como el energético pero, en general, tiene un efecto de progresiva retracción de la inversión generalizado, incluidos los sectores que se ven más beneficiados por la coyuntura nacional e internacional, como el turismo. Algunas empresas, incluso, parecen acelerar planes de reestructuración y despidos en previsión de que las cosas no van a ir a mejor y ante la posibilidad de que algunas reformas puedan revertirse, como sugería esta semana el diario El País.
Las cosas pueden ponerse más feas conforme se camina hacia el segundo semestre y no bastará cualquier Gobierno porque, si no tiene el suficiente liderazgo para que la economía avance con fuerza, el remedio puede acabar siendo peor que la enfermedad. Si lo que se precisa para avanzar es una sensación de urgencia, los acontecimientos la traerán.
