Recientes decisiones judiciales apuntan, de alguna manera, hacia dónde hay que preparar el refuerzo de la regulación de los contratos hipotecarios, tanto desde el ámbito comunitario y parece también que desde el Gobierno. El principal impacto se prevé en la mejora de las garantías informativas de los contratos, aunque también se puede anticipar el encarecimiento de estos productos para el consumidor a cambio de que las entidades se hagan cargo de gastos y comisiones que hasta ahora correspondían a los hipotecados.
