Según el Fondo monetario internacional, la economía mundial está dando señales positivas de crecimiento sostenido, superando los anteriores pronósticos. Para este año, se prevé un crecimiento mundial del 3,5%, frente al 3,1% en el 2016. Parece que la economía china está consiguiendo absorber el estallido de la burbuja de endeudamiento, América latina sale poco a poco de la recesión, y Europa se va recuperando de las secuelas de la crisis. España destaca por la solidez de su crecimiento, el más elevado de los países desarrollados que participan en el G20.
Sin embargo, el Fondo considera que estos resultados, por esperanzadores que sean, mejorarían notablemente si los frutos del crecimiento se repartieran de forma menos desigual. Otras organizaciones internacionales como la OCDE o la OIT también advierten que las personas con rentas altas son las que más ganan con la expansión, lo que intensifica las desigualdades y polariza la sociedad. Buena prueba de ello serían los resultados de los recientes comicios electorales en EE.UU y el Reino Unido, y la fragmentación del escenario político en varios países europeos, lo que aboca a los dirigentes políticos a gobernar con coaliciones complejas e inestables.
Para aliviar la brecha social, y así consolidar el crecimiento, algunos analistas han recomendado la creación de una renta básica universal. Esta renta consiste en una transferencia monetaria que se otorgaría a cada persona, sin condiciones de renta.
El objetivo es aportar un ingreso mínimo que acabe con situaciones de vulnerabilidad económica (por eso la renta es “básica”) y a la vez facilite la participación en el mercado laboral. Al tratarse de una renta universal, es decir para todas las personas, el sistema es de gran sencillez, fácil de administrar y erradica algunos de los defectos de los sistemas tradicionales de protección social (por ejemplo, cuando la prestación desincentiva la búsqueda de empleo). Sin duda, la idea es especialmente atractiva ante la perspectiva de una rarefacción del empleo como consecuencia de la robotización de la economía.
Alaska ofrece una renta básica universal desde el 1982 y Finlandia está experimentado un dispositivo para jóvenes desempleados que se inspira en la renta básica. En España también se están considerando varias propuestas al respecto.
«Ni innovaciones como la renta básica ni las protecciones tradicionales, por muy bien diseñadas que estén, lograrán contener la brecha social. La solución pasa por políticas pre-distributivas».
Con todo, la renta básica universal no parece ser la respuesta adecuada en países que, como los europeos, ofrecen una amplia gama de prestaciones sociales. Si la renta básica se sustituyera a toda la protección social (paro, pensiones, contingencias familiares, etc.) salvo a sanidad, su nivel alcanzaría 365 euros mensuales en España. Una cantidad que no llega al umbral de la pobreza –y lo mismo ocurriría en otros países desarrollados (ver gráfico). Por lo tanto, para que la renta básica cumpliera con sus promesas, sería necesario aumentar significativamente las dotaciones presupuestarias y la presión fiscal, algo irrealista y que podría debilitar el crecimiento.
Gráfico 1
Gráfico 2
Existen alternativas a la renta básica universal. Los sistemas tradiciones de protección social deberían estar mejor focalizados para contener las desigualdades. En algunos países como España, los sistemas no cubren adecuadamente algunos colectivos, como las familias mono-parentales, los jóvenes sin estudios o los trabajadores en sectores que experimentan una restructuración.
Además, tal y como lo reconoce el FMI, las rentas del trabajo crecen por debajo de la productividad, lo que explica en gran medida el aumento de las desigualdades. Crear empleos de calidad y restablecer el vínculo entre salarios y productividad son pues tareas impostergables, que requieren de un mayor protagonismo de los actores sociales.
Mientras que esto no se consiga, la reducción de la brecha social se deberá sustentar en la redistribución, es decir la protección social y la presión fiscal. Según los datos de la OCDE, 4 de cada 10 españoles ganan con su trabajo menos del 60% de la renta mediana (lo que representa un aumento importante con respecto a la situación anterior a la crisis). Lo mismo ocurre en todos los países desarrollados. Gracias a las transferencias sociales y a los impuestos, 2 de cada 10 españoles tienen un nivel de ingresos inferior a ese umbral.
Ni innovaciones como la renta básica ni las protecciones tradicionales, por muy bien diseñadas que estén, lograrán contener la brecha social. La solución pasa por políticas pre-distributivas. Es decir un mayor protagonismo de las políticas de empleo y educación, así como la búsqueda de un mejor equilibro en la distribución de la renta dentro de las propias empresas.
Fuentes de los gráficos: Eurostat, OCDE y estimaciones de Funcas.
