Para hacer frente al impacto del conflicto de Irán sobre los hogares, entre otras medidas el gobierno ha reducido los impuestos que gravan la electricidad y el gas natural. Concretamente, el tipo de IVA en ambos impuestos ha pasado del 21% al 10%. Adicionalmente, el impuesto especial sobre la electricidad se ha reducido del 5,1% al 0,5%.
Bajo el supuesto de que estas medidas generan pequeños cambios en la cantidad de energía consumida, el ahorro medio que obtienen los hogares equivale al 13,1% de su factura trimestral de electricidad y al 9,1% de la de gas. En ambos casos, se trata de una rebaja lineal de la que se benefician todos los hogares en igual proporción. De acuerdo con los microdatos de la Encuesta de Presupuestos Familiares, el gasto medio anual de electricidad es de 720 euros por hogar, y de 240 euros en el caso del de gas. De acuerdo con estas cifras, el ahorro medio del que se beneficiarán los hogares durante los tres meses de vigencia de la rebaja fiscal será, aproximadamente, de 24 euros en la factura de electricidad y 6 en la de gas. En términos comparativos, estos 30 euros son una tercera parte de los 90 euros de ahorro fiscal que estimamos en una entrada anterior para el caso de la rebaja de los impuestos a los carburantes.
Como muestra el cuadro 1, los ahorros obtenidos por la rebaja fiscal de gas y electricidad son una función creciente de la capacidad económica de los hogares oscilando entre 18 y 38 euros. Aunque pueda parecer modesta en términos medios, su impacto global es elevado. El coste global de esta medida para los 19,8 millones de hogares residentes en España será de 574 millones euros durante el trimestre de vigencia de las medidas, cifra que se eleva a 1.629 millones de euros si se suma el coste de la rebaja a los carburantes sobre el sector hogares. Esta última cuantía representa el 32% del coste total de las medidas aprobadas por el gobierno, cifradas en 5.000 millones de euros. Precisamente, AIReF ha actualizado sus previsiones de déficit para incorporar su impacto, elevándolo en seis décimas hasta el 2,6% del PIB, una décima por encima del 2,5% fijado en la senda del déficit. De mantenerse estas medidas más allá de junio, es previsible que provocasen un importante deterioro sobre el déficit público en 2026, que rompería con la tendencia bajista de los últimos años.