Uno de los hitos planeados del semestre de presidencia española de la UE es el acuerdo sobre las futuras reglas fiscales. No se ha logrado hasta ahora, a pesar de la clara voluntad desde el gobierno español en funciones para hacerlo antes del fin del semestre. Conviene dejar atrás cuatros años de relajación fiscal, desde 2020 con la pandemia. Y tener una hoja de ruta para las finanzas públicas de los países de la UE. Alcanzar un consenso es peliagudo por las diferentes visiones en el Viejo Continente. Como suele ocurrir, Alemania —y los países centrales y del Norte— por un lado y, por otro lado, Francia e Italia —y otros países del Sur— mantienen posiciones diferentes, con resistencia a cambiarlas. El primer grupo aboga por una regla clara, con compromisos anuales de reducción de deuda pública. El segundo pretende que no existan disminuciones automáticas de esa deuda sin considerar antes las circunstancias económicas o la fase del ciclo en las que los países se encuentren. De la experiencia de la crisis financiera global, parece oportuno tener consideraciones más allá de una regla automática que conlleve recortes y decisiones inconvenientes a medio plazo. Una propuesta danesa de calcular las reducciones de deuda como un promedio para un determinado periodo parece haber acercado las posiciones.
El objetivo es sanear las finanzas públicas y, al tiempo, promover estrategias de sostenibilidad y digitalización. Esto precisa generar confianza para las inversiones. Requiere credibilidad y flexibilidad para el nuevo marco, dejando atrás los abundantes problemas de cumplimiento del anterior Pacto de Estabilidad de Crecimiento. No se puede olvidar el duro impacto de la subida de los tipos de interés sobre la deuda, metiendo más presión y urgencia en el diseño de las nuevas reglas. La confianza entre europeos —que se perdió en materia fiscal con demasiada frecuencia en las dos últimas décadas— es un pilar central del futuro de la UE, de su refuerzo y políticas comunes. Es conveniente un acuerdo pronto. Al fin y al cabo, es una medida “operativa” que convive con grandes retos geopolíticos del bloque de medio plazo que requieren toda la atención. Desde las consecuencias de los conflictos bélicos actuales —que van a obligar a la UE a dedicar muchos más recursos a la defensa y al apoyo de otros países— hasta la transición energética, que precisa de abundantes fondos y mucha materia gris para que no sea un lastre para la economía europea. Además de la posible ampliación de la UE y de los pasos —aunque sean graduales y lentos— a una mayor Unión Política.
En suma, las reglas fiscales que se acuerden deben ser creíbles y no rígidas. Y venir acompañadas de políticas de reformas, que incrementen productividad y competitividad y un crecimiento que alivie el peso de la deuda pública. Quizás por ello la Comisión Europea ha encargado nada menos que a Mario Draghi un informe sobre la situación de la competitividad y estrategias a seguir. Reglas fiscales creíbles y mayor competitividad van de la mano.
