Con independencia de las sensaciones políticas que el acelerado cambio en el Gobierno deje en cada cual, la realidad es imperiosa. Toca debatir propuestas que el nuevo Gobierno pueda plantear. Si en una legislatura de cuatro años es difícil llevar a cabo reformas de largo plazo, mucho más en un espacio temporal más acotado como el que tiene el nuevo Gobierno de Sánchez. En todo caso, sí que es posible que deje la “impronta” de su visión económica y social. Y que todo el arco parlamentario pueda contrastar la suya. Como mínimo, se anticiparían debates económicos antes de las próximas lecciones.
El nuevo Ejecutivo hereda una economía que crece y genera empleo, tal y como han mostrado los datos de paro registrado y afiliación de este lunes. Esto encaja con los automatismos de una economía que cuenta con sistemas de control parlamentario y presupuestos aprobados, aunque queden matices pendientes por lo que se ha sabido en las últimas horas. Sin embargo, la percepción por gran parte de la sociedad es que a pesar de la buena coyuntura, faltan bastantes cosas por hacer. Buena parte de los asalariados aún no han notado esas alegrías de la recuperación. Eso incluye una parte considerable de los jóvenes y de la clase media —receptores de la mayor parte de los costes de la crisis— y que difícilmente podrán aceptar mayores cargas impositivas. No pueden ser decisiones sin didáctica ni sostenibilidad, como desafortunadamente ha ocurrido con las pensiones.
«Hay dos elementos de cautela que deberá tener el Gobierno. El primero, la necesidad de mantener la estabilidad financiera y fiscal, en un contexto amplio de compromiso con el futuro del euro. Es una línea roja. En segundo lugar, hay que calibrar los efectos a largo plazo de las legítimas propuestas económicas e impositivas».
Hay espacio para acuerdos transversales. En los impasse políticos del pasado se han revelado consensos bilaterales entre partidos. Aunque grandes reformas parecen una quimera hasta el final de la legislatura, sí son posibles acuerdos en materias que han sido sensibles políticamente pero donde los nuevos partidos pueden estar de acuerdo y generar una buena señalización económica y social. Por ejemplo, la lucha contra la corrupción o la despolitización de instituciones como la justicia, los organismos reguladores o los medios públicos de comunicación.
Hay dos elementos de cautela que deberá tener el Gobierno. El primero, la necesidad de mantener la estabilidad financiera y fiscal, en un contexto amplio de compromiso con el futuro del euro. Es una línea roja. En segundo lugar, hay que calibrar los efectos a largo plazo de las legítimas propuestas económicas e impositivas. Esto incluye el inaplazable nuevo modelo de financiación autonómica, que sería además una primera pasarela de diálogo con Cataluña. Particular cuidado habrá que tener en proponer un modelo impositivo que generara más problemas que soluciones. Eso sí, la lucha contra el fraude y la insuficiencia fiscal debe ser una prioridad.
Parece más práctico y sencillo introducir modificaciones en las reformas que eliminarlas. Habría que explorar el encaje de una nueva política de rentas (pactos salariales más razonables, no solamente con mínimos dignos, sino poniendo en valor la cualificación) con los beneficios de la reforma laboral. Se quiere decir que ambas son incompatibles pero no tiene que ser así. Aspirar a un modelo escandinavo de rentas en el corto plazo no es realista pero sí una transición hacia las partes de ese modelo aplicables en España.
