Este lunes el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social ha logrado finalmente un principio de acuerdo con los agentes sociales sobre el primer paquete de reforma de las pensiones. Incluye la derogación del factor de sostenibilidad —que se sustituirá en 2027 por un “mecanismo de equidad intergeneracional” por determinar—, la revalorización con el IPC, penalizaciones para jubilaciones anticipadas e incentivos para retrasar la edad del retiro. Aunque el acuerdo siempre debe ser bien recibido, una vez más no resuelve lo fundamental, la insostenibilidad del sistema público de pensiones. Aplaza las cuestiones más difíciles. Asimismo, determina que se financie una parte de las pensiones vía impuestos, o sea, fuera del sistema.
Nadie duda que las pensiones son un enorme logro social que hay que preservar. Como el sistema se ha mostrado insuficiente, ha habido que buscar la solución fuera de él. Si la hucha no da, se sostiene con impuestos. Con esa lógica, muchos trabajadores comenzarán a hacer números y comprobarán que esa salida no parece sostenible. Más presión fiscal durante su vida laboral y menos sostenibilidad cuanto más envejece la población. Se habla de sacar fuera los gastos impropios —que decide el Gobierno—, algo que tiene sentido porque no deberían ser una carga para la Seguridad Social. Sin embargo, el montante que se financiará con impuestos es mayor que esos gastos impropios, por lo que es una forma de salirse del sistema actual, con desfases que elevan la carga impositiva y generan un incentivo equivocado. Siempre que falten recursos se pagarán con cargo a impuestos y, así, de paso, no hace falta tocar el sistema, que es donde están la mayoría de los problemas.
Varios temas ineludibles no se tratan. Lo primero, la necesidad de información: cada ciudadano debería ser conocedor puntual y actualizadamente de cuál sería su pensión en función de lo que contribuye en cada momento y por cuánto tiempo. E ir más allá y permitir que los ciudadanos puedan aumentar esas contribuciones y recibir cada euro aportado (el famoso sistema de cuentas nocionales), con posibilidad de planes privados no penalizados. Otro tema ineludible es el de la edad de jubilación. Retrasarla es obligado y aún más compatibilizar pensiones con empleos parciales, algo que ahora parece tabú y que es común en otros países.
La pedagogía parece obligada para que se comprenda en qué consiste este sistema de prestaciones. Muchos ciudadanos creen que simplemente reciben lo que han aportado. No es así. Lo que se contribuye para pensiones durante la vida laboral supone entre el 40% y el 60% de lo que se cobra al retirarse. Se sostienen, en realidad, por las generaciones que trabajan para las que dejan de hacerlo al alcanzar una edad. La evolución demográfica arroja una realidad demoledora. Nadie quiere parecer el malo ni contar las verdades. Políticamente es complejo, nueve millones de pensionistas son muchos votos y, dado el envejecimiento de la población, serán más y más. No obstante, los jóvenes y la sociedad en su conjunto requieren de medidas bien explicadas y también más ambiciosas y realistas para garantizar este logro del Estado del bienestar.
