Con la revelación en fechas recientes de los planes de ayuda al turismo y al sector del automóvil, y la probable extensión de los ERTE, se abre una nueva etapa en la respuesta a la crisis derivada de la pandemia. Para la política económica se trata de adaptar los dispositivos a un impacto que está siendo muy desigual, y que por tanto requiere de un cambio en la estrategia para que la recesión no se cronifique. Y que el déficit público sea asumible, algo que solo ocurrirá si la economía inicia una senda de fuerte recuperación.
Era necesario mostrar señales concretas de respaldo a los sectores más dependientes de la movilidad, tanto por su enorme peso en la economía española como por la situación inquietante que atraviesan. Durante las semanas centrales del confinamiento, los ingresos en concepto de turismo fueron prácticamente nulos, mientras que las fábricas de automóviles apenas pudieron funcionar por falta de pedidos. Las sombrías perspectivas de recuperación contrastan con el rebote que ya ha empezado a producirse tras el confinamiento en otros sectores como el comercio, la industria agroalimentaria o los servicios que recurren al teletrabajo.
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Sin embargo, las premisas sobre las que descansan los planes no parecen responder a las características de la crisis en marcha. En el caso del automóvil, los estímulos a la compra de coches no contaminantes chocan con la escasa oferta en nuestro país. Solo dos modelos de turismos totalmente eléctricos se fabrican en España, y por tanto es probable que las subvenciones sirvan principalmente para estimular las importaciones. Por comparación, los Gobiernos de Alemania y Francia invierten masivamente en la renovación de las cadenas productivas y apuestan por la innovación (motor eléctrico, hidrógeno, infraestructuras). La industria china, por su parte, ha ampliado la capacidad instalada en el norte de Europa, y por tanto está bien posicionada para aprovechar las ayudas a la compra que ponen en marcha otros países, entre otros el nuestro. En cuanto al turismo, el Gobierno anuncia una línea adicional de avales y créditos en condiciones ventajosas. Algo que, unido a una eventual extensión de los ERTE por fuerza mayor, aporta un balón de oxígeno para empresas que se enfrentan a una falta coyuntural de liquidez. Pero esto no parece suficiente en otras empresas que consideran que su actividad se resentirá por un tiempo indefinido y para las cuales la quiebra puede ser la opción más racional, a menos que se beneficien de ayudas directas (para el pago del alquiler y otros gastos no cubiertos por los ERTE) que de momento no se contemplan en los planes oficiales.
La extensión de los ERTE es imprescindible para evitar despidos y cierre de pequeños negocios. No obstante, también conviene incrementar el control de los requisitos para acceder a las ayudas por fuerza mayor
Raymond Torres
Una estrategia de conquista de nuevos mercados (facilidades para personas que podrían teletrabajar desde España para otros países, turismo rural y cultural, etcétera) también ayudaría. A diferencia del sector del automóvil, una ayuda a la demanda ejercería un fuerte impacto en la actividad. Es llamativo que Italia ofrezca bonos de 500 euros a las familias con pocos recursos que veraneen en su país, y Grecia subvencione los traslados a las islas.
Finalmente, la misma lógica de mayor selectividad y a la vez generosidad para los sectores que más se resienten se podría aplicar a los ERTE. Su extensión es imprescindible para evitar despidos y cierre de pequeños negocios. No obstante, también conviene incrementar el control de los requisitos para acceder a las ayudas por fuerza mayor.
En suma, la desescalada del arsenal de medidas de apoyo al tejido productivo tendrá que ser gradual, y a la vez complementarse con dispositivos bien diseñados para los sectores que más se resienten de la crisis. Sin duda este giro en la política económica es complejo técnicamente, requiere de apoyo institucional sin el cual los incentivos fiscales tienen dudosos resultados, además de necesitar financiación. Pero de cómo se opere depende la intensidad de la recuperación, y por tanto la sostenibilidad de la deuda pública.
