La información más interesante conocida en las últimas semanas ha sido las cuentas de los sectores institucionales del cuarto trimestre del pasado año, que permiten tener una visión completa del mismo. Dedicaremos hoy el comentario a las cuentas de las administraciones públicas.
Como es conocido, la crisis pilló al sector público español en una situación (afortunadamente) saneada. Entre 2005 y 2007 el saldo de las cuentas registró superávits del orden del 2% del PIB y la deuda bruta en ese último año fue del 35,5% del PIB, una de las más bajas de la zona euro. Puede decirse que ello era debido a los cuantiosos ingresos que proporcionaba el fuerte crecimiento económico de aquellos años, pero ello es verdad sólo en parte, ya que el saldo estructural, que se obtiene corrigiendo los ingresos y gastos del efecto del ciclo, también registraba ligeros superávits, según las últimas estimaciones de la Comisión Europea (ver gráfico 4).
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A pesar de esta situación, la crisis golpeó tan duramente al sector público que en sólo dos años el superávit se convirtió en un déficit del 11% del PIB. Los ingresos se hundieron, pasando del 40,9% del PIB en 2007 al 34,8% en 2009 (algo que no ocurrió con tal intensidad en ningún país de la UE). Mientras, los gastos ascendieron casi 7 puntos porcentuales del PIB, hasta el 45,8%, debido a la caída del PIB, a la inercia creciente de la mayoría de los mismos (educación, sanidad, pensiones) y, en menor grado y sólo de forma pasajera, a las políticas contracíclicas puestas en marcha para paliar la fuerte caída de la demanda privada. Al estallar la crisis fiscal griega y contagiar a los países de la zona euro más vulnerables, entre ellos España, tal déficit era insostenible, ya que era muy difícil (si no imposible) financiarlo. Ello provocó el giro de 180 grados de la política fiscal a partir de 2010, al igual que en el resto de países de la zona euro, fijándose una hoja de ruta de reducción del déficit en la que todavía estamos inmersos. Para ello no ha habido más remedio que aumentar los impuestos y reducir o contener los gastos. Ello, como la quimioterapia en el organismo humano, ha tenido efectos secundarios sobre el crecimiento de la economía, pero se trata de salvar la vida del enfermo.
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TUITEA ESTO¿Cómo va el proceso de ajuste de las cuentas públicas? Si excluimos las pérdidas por ayudas a instituciones financieras, en los dos últimos años de la anterior legislatura el déficit se redujo en 2,1 puntos porcentuales del PIB y en el primero de la actual, en 2,3 puntos, hasta el 6,6%. En total, 4,4 puntos en tres años. No parece mucho, aunque en realidad el esfuerzo fue mucho mayor, ya que ello se hizo en una situación de recesión de la economía. Si corregimos el efecto del ciclo, la reducción en términos estructurales en estos años fue de 6,4 puntos. A partir de 2013, y a la vista de la fuerte y duradera recesión, las instituciones europeas permiten a España aminorar el ritmo del ajuste. En ese año, el déficit se redujo sólo en tres décimas porcentuales (seis en términos estructurales).
En 2014 la reducción ha sido de seis décimas, hasta el 5,7% del PIB, si bien, el saldo estructural se ha deteriorado dos décimas, hasta el 2,4% del PIB. Es más, ni siquiera se ha cumplido con el objetivo establecido en el Programa de Estabilidad del 5,5% del PIB, a pesar de que la economía ha crecido más de lo previsto, que las corporaciones locales han vuelto a tener un superávit de 5.700 millones en vez del equilibrio previsto y que los intereses pagados por la deuda y las prestaciones por desempleo han sido unos 5.000 millones en cada caso inferiores a lo presupuestado. Las previsiones para 2015 apuntan a un nuevo deterioro del saldo estructural. La facilidad para financiar el déficit y refinanciar la deuda y la proximidad de las elecciones parecen haber relajado considerablemente el esfuerzo de ajuste fiscal.
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Sin embargo, los números son muy tozudos. Un déficit del 5,7% del PIB sigue siendo muy elevado, por dos razones. La primera, que mantiene la deuda en una tendencia creciente (este año se sobrepasará el 100% del PIB), olvidando que nuestras leyes obligan a reducirla al 60% del PIB en 2020. La segunda, que el déficit estructural, también por ley, hay que reducirlo a cero, lo que supone un aumento estructural pendiente de ingresos y/o recortes de gasto de unos 30.000 millones de euros. Lo dicho, una obra inacabada.
(1) Sin incluir en los gastos las pérdidas por ayudas a instituciones financieras.
Fuentes: Comisión Europea (déficit estructural) y M. de Hacienda. Gráficos elaborados por A. Laborda.
