Las elecciones municipales y regionales se han seguido con mucho interés fuera de España. La atención está principalmente en determinar hasta qué punto la nueva estructura política que se está conformando permitirá o no consolidar la recuperación económica. Sería tentador negar la mayor y pensar que tan solo los resultados de las elecciones generales serán relevantes pero parece que ya hay demasiados cambios en marcha como para obviar lo que ha sucedido. De hecho, el primer comentario de analistas internacionales ha sido del tipo «se acabó la mayoría absoluta en España», incluso cuando al partido en el poder aún le quedan unos meses de gobierno. Los mercados anglosajones estaban el lunes cerrados, por lo que hasta ayer martes no conocimos la reacción global de los mercados al nuevo panorama político español más plural, pero el mercado español sufrió un cierto correctivo el mismo lunes, en el que Grecia también influyó. Lo que está claro es que el futuro de la economía española se dirime a cuatro bandas que marcan ese mismo número de partidos políticos. Las llaves de la gobernabilidad y el grado de confrontación política resultante determinarán la capacidad de desarrollar programas. A riesgo de simplificar excesivamente, parece haber un bando no estrictamente definido pero más o menos identificable a favor de las reformas —aunque sin consenso sobre cuáles y cómo desarrollarlas— y otro que prioriza deshacer parte del camino reformista andado por considerarlo antisocial. Luego está el filtro que distingue entre lo conocido y lo por conocer. No hay una regla única (listas más votadas, pactos a dos o a tres, gobiernos en minoría) que resuelva todos los enigmas que se abren a lo largo y ancho de la geografía española.
La última batalla, la del Gobierno de España, puede inclinar la balanza hacia alguno de los dos bandos (pro-reforma o anti-reforma), aunque incluya concesiones al otro. Desde fuera (léase Unión Europea) pueden acabar conformándose con que la consolidación fiscal no se nos vaya demasiado de las manos.
Hay un espacio de oportunidad en los pactos… pero un mundo por delante para definirlo. En materia económica, hay cuestiones que pueden ser positivas en la pluralidad política. La primera, que los programas que incluyan los acuerdos de gobernabilidad serán probablemente más evaluables y exigibles, habrá más control. Por otra parte, si se cumplen las promesas realizadas, la transparencia debería aumentar y, con ella, la disciplina sobre la corrupción. Asimismo, si se logran acuerdos, estos deberían tener más estabilidad a largo plazo. Sería deseable que así fuera en materias como la educación, la investigación o la política energética pero esperarlo, hoy por hoy, es muy complicado.
Un Gobierno sin mayorías para un gran pacto de Estado sería deseable pero, con los programas en mente, esto se antoja poco menos que imposible. Pueden desarrollarse políticas económicas de muy diferente signo en distintos ámbitos territoriales, no siempre compatibles. Y con grados de sostenibilidad muy diversos también. El reto democrático es también económico.