El cambio de estrategia de inflación por parte del BCE es una decisión inteligente, y beneficiosa para una economía endeudada como la española, pero no despeja las dudas acerca del riesgo de burbujas financieras inherente al mantenimiento de una política ultra-expansiva durante un tiempo prolongado.
Uno de los rasgos más destacables de la evolución reciente es el retorno de la inflación, desde tasas negativas al final del pasado año hasta un 2,6% en junio y apuntando inexorablemente al alza, al menos a corto plazo —una circunstancia que hubiera dado alas a los halcones que preconizan un endurecimiento de las condiciones monetarias—. Paradójicamente, al aceptar un objetivo simétrico en torno al 2% —ahora los precios pueden desviarse al alza, y no solo a la baja— el banco central aporta mayor credibilidad a la meta que persigue, la de una inflación positiva.
La decisión no se podía retrasar más. En primer lugar, porque las tensiones están siendo más intensas, por el encarecimiento de la electricidad así como la reversión de las bajadas del precio del petróleo que tuvieron lugar el año pasado en los meses iniciales de la pandemia. A partir de agosto habrá nuevos efectos de reversión de bajadas de precios, en este caso en los servicios, de modo que la tasa de inflación volverá a ascender hasta situarse por encima del 3%. O incluso más en el caso de Alemania.
Además, la escalada de los costes internacionales de producción podría trasladarse a la inflación interna. Los indicadores de precios pagados por la industria rozan máximos de dos décadas, y una tendencia similar se vislumbra en los servicios. Tarde o temprano las empresas tendrán que repercutir los costes a los precios de venta. En los segmentos que se acercan al pleno empleo, también deberían provocar incrementos salariales, iniciando un proceso de inflación subyacente. No olvidemos que todos los países de la eurozona, salvo España, Grecia e Italia, mantienen tasas de paro inferiores al 10%, acariciando en algunos casos el pleno empleo de la población activa (Alemania, Austria y Holanda, por ejemplo). En España, sin embargo, el déficit de empleo es patente, especialmente entre jóvenes y trabajadores sénior.
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Por otra parte, el apoyo monetario sigue siendo imprescindible para mantener la senda de recuperación económica. Si es cierto que la actividad mejora, fruto de la liberación de la demanda que se había quedado embalsada durante la crisis y del incremento de la movilidad, también surgen nuevas incertidumbres, tal la “variante delta” del virus y su impacto en la economía global y en especial en el turismo. El entorno sigue siendo extraordinariamente volátil, y por tanto era crucial que la política monetaria ampliara su capacidad de reacción, algo que ha conseguido flexibilizando el objetivo de inflación.
Si bien el contexto aboga por el mantenimiento de los estímulos monetarios, ojo con los efectos colaterales. El más visible es el incremento acusado del precio de la vivienda registrado en la mayoría de países europeos. En los grandes centros urbanos el metro cuadrado prosigue su escalada, inmune a la pandemia. España va por ese camino aunque con algo de retraso.
Consciente de los riesgos para la estabilidad financiera, el BCE promete incorporar el precio de la vivienda en su medición de la inflación. Esta es una buena idea, aunque compleja metodológicamente y que llevará tiempo en realizarse: inundar los mercados de liquidez y a la vez limitar la inflación de activos financieros y de vivienda, esa es la cuadratura del círculo a que se enfrentan los banqueros centrales.
El BCE da un respiro, pero la clave no está en la inflación sino en si prorroga su programa de compra de deuda iniciado con la pandemia. El reto para la política económica española es aprovechar la ventana de oportunidad, preparándose a un entorno de menor dependencia del banco central en su colocación de deuda, y limitando los riesgos asociados a un contexto de abundante liquidez.
VARIANTE DELTA | Los indicadores coyunturales apuntaban hasta fechas recientes a una temporada turística alentadora. A mediados de junio, las reservas de viajes en avión hacia España se situaban un 5,2% por encima de los niveles registrados en el mismo periodo de 2019 (los valores eran de un 70% inferiores a inicios de año). Desde entonces, sin embargo, el sector se resiente del incremento de contagios provocado por la variante Delta y las medidas preventivas anunciadas por algunos gobiernos. Así pues, a finales de junio, las reservas caían un 23,4% con respecto a 2019.
Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.
