Los programas de asistencia jurídica gratuita son esquemas prestacionales dirigidos a proporcionar ayuda letrada a personas que de otro modo no tendrían recursos económicos para contratar a un representante legal y acceder al sistema de justicia. Al destinarse a individuos con escasos recursos, los programas de asistencia jurídica gratuita tienden a considerarse deseables desde un punto de vista redistributivo. Pero al igual que ocurre con otros programas prestacionales, es importante determinar si son una herramienta de redistribución eficiente. El presente trabajo se centra en la asistencia en los procesos civiles, como ejecuciones hipotecarias, reclamaciones por facturas impagadas, o responsabilidad extracontractual, los cuales podrían tener un profundo impacto en el bienestar de las personas con escasos recursos económicos.
Hoy en día casi todos los países industrializados tienen algún tipo de programa de asistencia jurídica gratuita. No obstante, hay diferencias sustanciales en cuanto a los requisitos personales que deben cumplir los solicitantes para el reconocimiento de dicha prestación, el alcance de la misma, la identidad de los proveedores, la fuente de financiación, la organización y la cuantía global de los fondos con los que está dotado.
Como porcentaje del producto interior bruto (PIB), el gasto en asistencia jurídica oscila en un rango amplio que va desde el 0,13 por 100 de Inglaterra, Gales y de Escocia hasta valores bajos del 0,02 por 100 del PIB en Alemania y el 0,01 por 100 del PIB de Polonia. A modo de comparación, España ha registrado en los últimos años unos niveles de gasto en porcentaje de PIB cercanos a los de Polonia y Alemania. En 2016, las partidas presupuestarias del Congreso de Estados Unidos a la Legal Services Corporation, principal financiador de la asistencia jurídica gratuita en procesos civiles en EE.UU., representaron alrededor del 0,002 por 100 del PIB.
Cuando se compara con otros programas prestacionales, como los de sanidad y educación, la variabilidad entre los distintos países del gasto destinado a asistencia jurídica gratuita es muy significativa. Estas amplias variaciones podrían estar indicando que el debate sobre el papel de los programas jurídicos civiles y sus consecuencias económicas en las sociedades modernas del Estado de bienestar dista de estar resuelto.
Redistribución y eficiencia
Cabe, pues, preguntarse si hay un motivo por el que la asistencia jurídica gratuita pueda funcionar no solo como herramienta redistributiva desde el Estado a los más desfavorecidos, sino también como una forma de generar beneficios en términos de eficiencia. En comparación con los sectores de la población más desfavorecidos, los individuos adinerados y las empresas disfrutan probablemente de ventajas informativas jurídicas por al menos dos motivos: primero, porque poseen mayores conocimientos jurídicos, y segundo, porque las economías de escala les permiten acceder a asesoramiento y servicios jurídicos a menores costes.
La desventaja informativa del demandado puede conducir a una excesiva litigiosidad, y que subsidiar el coste de la asistencia jurídica para los más necesitados no solo favorece a estos, sino que además reduce el índice de litigiosidad y el coste social aparejado a ella
Esta observación subraya que la desigualdad en sede judicial es una posible fuente de amplificación e histéresis de la desigualdad económica. Pero eso no es todo. La información jurídica previa y el coste de contratar asesoramiento jurídico y representación legal ante los tribunales también influyen en la decisión sobre pleitear o no. Esto implica que puede ser importante analizar cómo afecta la distribución de los costes legales a la decisión del demandante de pleitear o no, y a la decisión del demandado de contratar o no a un profesional de la abogacía que le represente y ejerza su defensa durante los procedimientos judiciales.
Por eso, analizamos una situación en la que un demandante tiene una ventaja informativa frente a un demandado y planteamos las siguientes tres preguntas: (1) ¿La ventaja informativa del demandante, conduce a un incremento de la probabilidad de pleitear? (2) ¿Cuál es el efecto de subsidiar en sus costes de asistencia jurídica a un demandado comparativamente menos informado? (3) ¿El abaratamiento para el demandante del coste de la asistencia jurídica, amplifica el efecto que dicha superior información tiene sobre la probabilidad de pleitear?
Las conclusiones son que la desventaja informativa del demandado puede conducir a una excesiva litigiosidad, y que subsidiar el coste de la asistencia jurídica para los más necesitados no solo favorece a estos, sino que además reduce el índice de litigiosidad y el coste social aparejado a ella, generando, por tanto, ganancias de eficiencia que podrían impulsar el comercio y la participación en la actividad económica. En otras palabras, la asistencia jurídica, ya sea en forma de servicios jurídicos directos o de subsidios para costear su representación y defensa letrada, no solo constituye un medio de igualar el terreno de juego para las dos partes, sino también una forma de mitigar los costes sociales de las asimetrías en la información jurídica lo que a su vez hace más probable que las partes entren en relaciones contractuales susceptibles de derivar en una controversia legal.
Esta entrada es un resumen del artículo Asistencia jurídica gratuita en los procesos civiles, publicado en el número 151 de Papeles de Economía Española. Puede acceder aquí al sumario y la descarga de la revista.
