A modo de canto de cisne, la cámara baja del Parlamento alemán (Bundestag) elegida en 2021[1] ha respaldado en una sesión plenaria extraordinaria las reformas constitucionales que permitirán a un futuro gobierno de Gran Coalición entre la Unión Cristiano-Demócrata (CDU/CSU) y el Partido Socialdemócrata (SPD) un giro histórico de su política económica. A favor de estas reformas han votado los representantes de estas dos formaciones políticas y la de Los Verdes (Bündnis 90/Die Grünen), superando así la mayoría de dos tercios exigida para la aprobación de cambios en la Ley Fundamental Alemana. Con la esperada mayoría cualificada en la segunda cámara parlamentaria (Bundesrat), el camino hacia la Wirtschaftswende quedaría expedito antes de la constitución del nuevo Bundestag, resultante de las elecciones parlamentarias del pasado 23 de febrero, en las que la CDU/CSU obtuvo el porcentaje de votos más alto (Gráfico 1).
No es exagerado afirmar que en Berlín se está jugando en estas semanas el futuro de la economía y la seguridad europeas. Lo que está sucediendo en la capital alemana es mucho más que el proceso de negociación para formar un gobierno de coalición, que Friedrich Merz, el “ganador” de las elecciones, prevé anunciar antes de Pascua; es la apuesta conjunta de los dos grandes partidos que han liderado los gobiernos de la República Federal de Alemania desde su fundación en 1949 por un cambio de rumbo ante las evidencias insoslayables de una triple crisis: económica, política y de defensa.
Crisis del modelo productivo de la que, ostentando el puesto de tercera economía del mundo (4,4 billones de PIB en 2024), se adentra en su tercer año consecutivo de recesión; crisis de una política incapaz de frenar el avance de partidos radicales nacionalistas y antieuropeos, en particular, de Alternativa para Alemania (AfD), convertida en la segunda fuerza parlamentaria con el apoyo de uno de cada cinco votantes en las recientes elecciones (y un ascenso de 10 puntos porcentuales respecto de las elecciones de 2021); y crisis de un sistema de defensa y seguridad, con reconocidas carencias de preparación y recursos humanos y materiales tras décadas de escasa inversión en investigación, desarrollo y producción militar, mientras los “dividendos de la paz” se destinaban, en gran medida, a desarrollar un Estado social que en 2024 absorbió más de la mitad de los gastos consuntivos del presupuesto federal[2].
Ante la gravedad de la situación y los resultados de las elecciones, tan pronto como el SPD eligió un nuevo presidente del grupo parlamentario, relevando así al canciller en funciones Olaf Scholz, que asumió personalmente la severa derrota electoral, se iniciaron las “conversaciones de sondeo” (Sondierungsgespräche) entre cristianodemócratas y socialdemócratas. De ellas resultó un documento de once páginas que incluye un ambicioso paquete financiero (Finanzpaket) de expansión fiscal (cuadro 1). El respaldo de Los Verdes a este paquete se alcanzó el 14 de marzo a cambio de algunas concesiones que mitigan el disgusto de la formación ecologista por su exclusión de las conversaciones para la formación de gobierno, a pesar de que su programa electoral recogía iniciativas claramente alineadas con las propuestas económicas expansivas (cuadro 2).
Cuadro 1. Las principales previsiones del paquete financiero
– El gasto en defensa se desligará del “freno de la deuda” (Schuldenbremse) que rige desde 2011, y limita al 0,35% del PIB la capacidad de los gobiernos federales de endeudarse anualmente (salvo circunstancias excepcionales); en concreto, el gasto en defensa que exceda el 1% del PIB no quedará sujeto a esta restricción presupuestaria.
– Se creará un fondo especial (Sondervermögen) con 500.000 millones de euros para financiar, durante los próximos diez años, inversiones públicas en infraestructuras, poniendo una quinta parte de las cuales a disposición de las regiones y los municipios. Quedan incluidas inversiones en protección civil, transportes, hospitales, generación y distribución de energía, provisión de cuidados, digitalización, educación, ciencia, investigación y desarrollo.
– Los Länder podrán endeudarse anualmente por un importe de 0,35% del PIB.
Cuadro 2. Las modificaciones del paquete financiero requeridas por Los Verdes
– Los gastos de defensa no sujetos al “freno de la deuda” incluirán inversiones en protección civil, servicios de inteligencia, ciberseguridad y prestación de ayuda a los países que sufran ataques contrarios al derecho internacional.
– El fondo especial (Sondervermögen) estará disponible para inversiones “adicionales” en infraestructuras, quedando esta condición de “adicionalidad” (Zusätzlichkeit) sujeta a que tales inversiones igualen o superen el 10% del presupuesto federal.
– El plazo de disposición del fondo especial se amplía de diez a doce años, destinando, además, 100 millardos de esta suma al “fondo para el clima y la transformación”, con el objetivo de alcanzar la neutralidad climática en 2045.
Aunque la necesidad de aprobar la reforma de la Ley Fundamental antes de la constitución del nuevo Bundestag ha acelerado las negociaciones para la formación de gobierno[3], la conciencia generalizada de que Alemania se encuentra en una situación de emergencia ha sido decisiva para imprimir el buen ritmo de las negociaciones interpartidistas. Tanto entre las elites políticas y económicas como en el conjunto de la sociedad (83,4 millones de habitantes) prevalece la convicción de que la economía alemana afronta una situación penosa[4], reflejada en la pérdida de competitividad internacional de su producción (y, por tanto, de su capacidad de exportación) y en su “desindustrialización” (expresión elegida como “palabra económica del año 2024” por un jurado de expertos en economía y de empresarios alemanes)[5]. Las causas no se identifican solo en el aumento de los precios de la energía, sino también en la “monstruosa burocracia” que asfixia a las empresas, en el insuficiente impulso a la digitalización de la economía y de las administraciones públicas, y en la ineficacia para gestionar un cambio demográfico de enormes dimensiones, con tres vertientes que provocan particular inquietud social: el continuado aumento de pensionistas (con la jubilación de los baby boomers, hoy “en el pico de la ola demográfica”)[6], la carencia de mano de obra cualificada, y el flujo sostenido de entradas de población no comunitaria que busca protección internacional y/o residencia fuera de los cauces establecidos para la inmigración legal.
No son estos problemas de los que esté libre España; antes bien, pueden identificarse también como nuestros retos fundamentales como país. Los grandes partidos alemanes, además de reconocer abiertamente los problemas y admitir su parte de responsabilidad en ellos, han resuelto afrontarlos mediante la unidad política y aprovechando la disposición de cierto margen en las cuentas públicas (con un déficit público –2,6% del PIB– y una deuda pública –63% del PIB–, prácticamente ajustados a las reglas fiscales europeas). España carece de estos dos activos estratégicos: unidad política de los grandes partidos y margen fiscal; dos activos que no aseguran el acierto de las políticas que se adopten, pero sí las condiciones que generan la confianza, dentro y fuera del país, en la capacidad de un gobierno de hacer frente eficazmente a una situación de crisis estructural.
[1] Resultante de las elecciones celebradas el 26 de septiembre de 2021. Conforme al artículo 39.1 de la Ley Fundamental de Alemania, el mandato del Bundestag en funciones sólo termina cuando se reúne y constituye una nueva cámara. Se evita así la ausencia de un vacío legislativo.
[2] Gastos consuntivos que, a su vez, representan el 88% del presupuesto total en 2024 (los gastos de inversión absorben, por tanto, solo el 12%). Los datos proceden del Ministerio de Finanzas de la República Federal de Alemania (BMF-Monatsbericht Januar 2025 – Vorläufiger Abschluss des Bundeshaushalts 2024).
[3] En el nuevo Bundestag, los escaños conjuntos de la CDU/CSU, del SPD y de Los Verdes no alcanzan dos tercios del total, quedándose, por tanto, por debajo de la mayoría cualificada para reformar la Ley Fundamental.
[4] A principios de marzo de 2025, tres cuartas partes de la población alemana entre 16 y 74 años calificaban la situación económica del país como “mala”, frente al 25% que la calificaba como “buena”.
[5] La segunda palabra más votada fue “Ley de Diligencia Debida en la Cadena de Suministro”, muy criticada entre el empresariado alemán, seguida de “giro económico” (Wirtschaftswende) y “monstruo burocrático” (Bürodratie-Monster).
[6] El baby boom alemán, algo más temprano que el español, se desarrolló entre mediados de los años 50 y finales de los años 60 del pasado siglo.
