El déficit público disminuye, pero menos de lo que cabría esperar teniendo en cuenta el dinamismo de la economía. El déficit acumulado hasta junio alcanzó 27,3 mil millones de euros para el conjunto de las administraciones públicas, salvo las corporaciones locales. Esto es apenas 9 millones menos que el objetivo de déficit público fijado por el gobierno para todo el año. Lo más probable es que el 2017 se cierre con una nueva desviación, a no ser que se adopten nuevas medidas.
Sin duda, el déficit ha caído —un 22% con respecto al mismo periodo del 2016. La mejora se debe sobre todo al contexto favorable que ha conocido la economía española en los últimos tiempos. Un crecimiento económico superior al 3%, como el que se registró durante la primera parte del año, provoca automáticamente un aumento de la recaudación y una disminución del peso del gasto público. Además, el coste financiero de la deuda pública se ha reducido significativamente, gracias a la generosa política de compras de bonos por parte del Banco Central Europeo.
Así pues, la bajada del déficit refleja exclusivamente el ciclo económico y la caída del pago por intereses sobre la deuda pública. Es decir, las medidas de corrección de los desequilibrios (endurecimiento del impuesto de sociedades, elevación de impuestos especiales, etc.) apenas se han notado en la evolución del déficit.
La explicación está en los números rojos en las cuentas de la mayoría de las comunidades autónomas. Todas, excepto Navarra, Cantabria, Extremadura, Castilla y León, Madrid y País Vasco, arrojan un déficit cada más abultado. En su nota de esta semana, Hacienda atribuye esta evolución a un descenso de las transferencias del Estado a las administraciones territoriales, así como un aumento del gasto en consumo público, educación y sanidad.
Gráfico 1
Gráfico 2
Fuentes: IGAE y Funcas.
Con todo, un cambio en la política fiscal parece justificado. La economía crece por su propia dinámica. Ese crecimiento, para mantenerse, no necesita un apoyo por parte de los presupuestos. La situación es pues radicalmente distinta de años anteriores, caracterizados por la rarefacción del crédito y la caída del gasto de empresas y de los hogares sobre-endeudados. Ese hubiera sido el momento de apoyar la recuperación –pero la estrategia de austeridad y las reglas de Bruselas lo impidieron.
«La contención de los desequilibrios presupuestarios ayudaría a apuntalar la recuperación y facilitaría la salida del “procedimiento de déficit excesivo”, relajando la presión que mantiene Bruselas sobre nuestra economía. El esfuerzo es relativamente pequeño si se realiza a corto plazo».
Además, el endeudamiento público se mantiene inexorablemente. Apenas se ha notado la revisión al alza del PIB realizada por el INE. La deuda sigue rondando un año de PIB, un valor que vulnera la situación financiera del país. Sobre todo teniendo en cuenta que España, seguido de cerca por Francia, ostenta el record europeo en materia de déficit público.
También hay factores estructurales por corregir, además de la necesaria inflexión de la política fiscal. La inversión está en mínimos históricos, lo que provocará carencias en las infraestructuras y cuellos de botella en el crecimiento. Las comparaciones internacionales en materia de educación apuntan a un deterioro preocupante en la posición de España, tanto en formación inicial como de adultos.
Numerosas exenciones y desgravaciones (para la vivienda, los contratos indefinidos, determinados bienes de consumo, etc.), de dudosa utilidad económica y social, merman la capacidad recaudatoria. La financiación autonómica merece una reforma, como lo exigen los expertos en su reciente informe a Hacienda. Hay espacio para incentivar la eficiencia del gasto autonómico, y a la vez cubrir las necesidades básicas en sanidad, educación y otros servicios esenciales.
En suma, la contención de los desequilibrios presupuestarios ayudaría a apuntalar la recuperación y facilitaría la salida del “procedimiento de déficit excesivo”, relajando la presión que mantiene Bruselas sobre nuestra economía. El esfuerzo es relativamente pequeño si se realiza a corto plazo. Sin embargo el continuismo conllevaría ajustes traumáticos en un futuro próximo. Los Presupuestos Generales del Estado para el 2018 ofrecen la oportunidad para un debate sobre una cuestión ineludible.
