Escribo estas líneas en medio de un clima de alguna esperanza sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo de ultimísima hora para evitar un desagradable evento en Grecia. Sería la enésima vez que se busca una solución más de urgencia que definitiva. Pareciera que Grecia se encontrase en el mal llamado corredor de la muerte y que, de vez en cuando, se divisara un rayo de esperanza que permita prolongar una vida a caballo entre la agonía y la lucha. Evitar el impago parcial o total y, sobre todo, la salida del país heleno del euro es una cuestión de supervivencia para Grecia y de credibilidad para Europa. Paradójicamente, incluso con un acuerdo, puede que lo que hayamos aprendido de estas últimas negociaciones es que la probabilidad de una solución final es remota.
Si hay acuerdo finalmente esta semana, bienvenido sea. Pero es imposible que se trate de un compromiso sin fisuras, que permitiera evitar esa sensación de que la pena de muerte acabará ejecutándose. Llevamos meses con un auténtico embolado para tratar de garantizar el pago de 7.500 millones de euros. Y eso que el tercer rescate griego, sobre el que habrá que negociar pronto, será de un importe cuatro o cinco veces más grande.
Las posturas rozan lo ridículo en algunos casos, porque el que exige se excede en la legitimidad y el que pide defiende cuestiones, a veces, de naturaleza utópica. El Gobierno griego vende una leve reforma de un sistema quebrado de pensiones como si fuera la última y mayor concesión que está dispuesto a hacer. Los acreedores exigen un superávit fiscal sobrado, como si los ciudadanos griegos fueran fichas de ajedrez que ni comen ni respiran. Se ha apretado a Grecia en recortes y en financiación de una forma muy dura, pero en reformas este país ha hecho bastante poco en comparación con otros cuya estabilidad fiscal también está en vigilancia. Cierto es que las pensiones son un contrato generacional. Tanto como que el sistema actual (en pensiones y otras cuestiones) encierra una profunda insolidaridad intergeneracional (en Grecia y otros países).
En este entorno tan tirante sería preferible que los acreedores pusieran otras cartas sobre la mesa: declarar de forma explícita cuánto podrían alargarse los plazos y condiciones de consolidación fiscal y de pago de la deuda como una función proporcional de reformas y de su cumplimiento. Pero el Gobierno de Syriza en el poder no parece dispuesto a ir más allá. De hecho, está por ver si su parlamento ratifica cualquier acuerdo intermedio.
Mientras se discute o no si revocar la condena, el preso puede morir de forma súbita. De hecho, si este lunes hubo una reunión y no se apuran los plazos hasta fin de mes es porque el capital huye a toda velocidad. Un colapso bancario sería un rápido fin encadenado: corralito, más estrangulamiento social y decisiones precipitadas de impago o salida del euro. Más allá, un abismo para Grecia y un roto gigante en la credibilidad de la eurozona.
