En los últimos tiempos se ha intensificado el debate sobre la conveniencia de organizar la gestión del servicio urbano de agua a través de la prestación directa por los municipios o por empresas privadas. La nueva distribución del poder político local tras las elecciones de 2015 y 2016 ha abierto la posibilidad de que el debate tenga consecuencias en la realidad española.
En este contexto, es pertinente hacer luz sobre si los servicios gestionados por empresas privadas o mixtas deben pasar a ser gestionados por los ayuntamientos o por empresas municipales, es decir, si deben «remunicipalizarse». Este último término resulta impropio, puesto que el servicio urbano de agua no ha dejado nunca de ser de titularidad pública.
Alterar el estado actual puede tener sentido si se demuestra que la realidad es muy insatisfactoria o si aparece claramente superior un régimen de prestación del servicio respecto al otro. La comparación entre las diversas modalidades de prestación del servicio puede centrarse en el precio, la calidad o las consideraciones sociales de la gestión, como la atención especial a colectivos con escasos recursos o la lucha por preservar el recurso. En relación con este último aspecto, los trabajos más recientes concluyen que la gestión privada del suministro de agua fomenta su consumo responsable y no excluye a las familias vulnerables. En cuanto a la calidad, no permite discriminar, porque resulta ser muy homogénea, aunque elevada, al tener que cumplir los estándares europeos. Cabe, en consecuencia, preguntarse si existe alguna relación entre el precio del agua para usos domésticos en las ciudades españolas y el modo de gestión del suministro.
«El modelo de gestión no es el determinante principal del precio del agua que pagan los hogares. Lo es el coste del suministro que viene definido por los factores geoclimáticos relacionados con el acceso y disponibilidad de recursos hídricos en la zona y la estructura urbana».
Al estudiar esta relación en los principales municipios españoles, capitales de provincia, ciudades autónomas y ciudades de más de 100.000 habitantes, se observa que de los 79 examinados, 33 optan por la gestión directa (por los propios ayuntamientos, empresas de capital municipal o entes públicos supramunicipales) y 46 por la gestión indirecta (mediante concesión o empresas mixtas). Siete de las diez ciudades españolas más pobladas cuentan con gestión directa, dos a través de empresas mixtas y solo una mediante concesión privada. Esta última modalidad es más frecuente en las capitales de provincia con menos de cien mil habitantes.
La investigación realizada ha puesto de manifiesto que en los municipios analizados, el 49% del recibo corresponde al abastecimiento, el 21% al saneamiento y la depuración y el 30% restante a cánones autonómicos y locales (cuantía que los usuarios tienen que soportar independientemente de quien gestione el servicio en su municipio). De ahí que las comparaciones sobre eficiencia deban tener en cuenta esta complejidad y no tomar el precio del recibo final como único criterio.
Se ha comprobado que el modelo de gestión no es el determinante principal del precio del agua que pagan los hogares. Lo es el coste del suministro que viene definido por los factores geoclimáticos relacionados con el acceso y disponibilidad de recursos hídricos en la zona (precipitaciones y altitud) y la estructura urbana (número de viviendas, dispersión y población estacional). De acuerdo con los datos de la International Water Association, el precio del agua en España es un 35,30% más barato que en el promedio europeo.
Esta entrada es un resumen del artículo ‘El precio del agua en las ciudades: efectos del modelo de gestión’, publicado en el número 153 de Papeles de Economía Española. Puede acceder aquí al sumario y la descarga de la revista.
