La existencia de economía sumergida genera distorsiones en las estadísticas económicas oficiales (PIB, renta disponible de los individuos, ocupación, etc.), lo que a su vez genera problemas en la detección y tratamiento de problemas socioeconómicos. Genera también problemas de equidad y eficiencia en la provisión de bienes públicos y distorsiona la competencia entre empresas. Para España, en el año 2015, el volumen de la economía sumergida medida como porcentaje del PIB oficial, fue del 18,2%, cifra notablemente superior a la de muchos países de nuestro entorno como Reino Unido (9,4%), Austria (8,2%), Alemania (12,2%) o Francia (12,3%); pero también inferior a la de otros países considerados habitualmente como próximos culturalmente como Italia (20,6%) o Grecia (22,4%).
