La economía y la sociedad española se enfrentan a retos de enorme magnitud a corto y largo plazo, tras el brutal impacto de la pandemia. Desde marzo se han tomado muchas medidas para paliar los efectos inmediatos de la covid-19 sobre familias y empresas. Esas ayudas públicas coyunturales deberían prolongarse y reforzarse hasta, al menos, el verano de 2021, o hasta que se haya podido vacunar a buena parte de la población, con una economía más normalizada. No obstante, los desafíos de largo plazo son igual o más relevantes y no hay “atajos”.
Nuestro país ya llegó a la pandemia con importantes desequilibrios. Entre ellos, un mercado de trabajo disfuncional y dual, una baja productividad y una delicada evolución de déficits y deuda pública. A pesar de estas vulnerabilidades, se ha echado de menos desde hace muchos años una cierta pedagogía por parte de los políticos. Explicar a la sociedad las potencialidades de nuestro país —las hay, y muchas—, pero también enfatizar que hay problemas serios. Por ejemplo, algo tan evidente como la insostenibilidad de las pensiones públicas. Son temas que hay que poner sobre la mesa para buscar soluciones que mejoren la vida de todos. Si uno pasa revista a las medidas de largo plazo que se han tomado este año, no son muchas. No ha habido grandes reformas ni acciones públicas que refuercen la competitividad de la economía. No era un momento fácil para acometerlas. Sin embargo, se han aprobado algunas fundamentalmente para la coyuntura de la pandemia —un “atajo” urgente en aquel momento— pero que van a tener efectos —probablemente no deseados— de largo plazo. De este modo, el ingreso mínimo vital, con toda su lógica para apoyar a las familias más necesitadas en un momento crítico, se ha implantado de modo permanente. Se ha sabido estos días que no ha funcionado bien desde que se implantó ni ha llegado, ni de lejos, a todas las personas que debían recibirlo, lo que requerirá modificaciones, como poco, en su proceso administrativo. Asimismo, tal y como se diseñó, es muy probable que genere distorsiones en los incentivos a buscar trabajo, un importante lastre en la recuperación.
Y en estas surge la propuesta de la jornada laboral de cuatro días. Todos quisiéramos trabajar menos horas, tener más ocio y, aun así, aumentar nuestra productividad. Ya ha ocurrido en algunas de las industrias tecnológicas más reconocidas. Sin embargo, en el caso de España, donde todavía no hemos acometido un proceso de digitalización suficiente, se trataría, en mi opinión, de un nuevo “atajo” sin fundamentos económicos que hoy lo sustenten. Acometamos primero esa profunda intensidad digital en todos los procesos productivos e instituciones del país, que refuercen competitividad y productividad y saneen el mercado de trabajo. Cuando se logre, hablemos sin cortapisas de medidas como jornadas de cuatro días. Quizás podamos ser algo más optimistas que de costumbre porque, bien empleados, los fondos europeos Next Generation EU pueden ayudar a esa necesaria modernización. Pero no pongamos el carro delante de los bueyes cuando aún no hemos salido ni de la pandemia.
