La deuda pública ha batido un nuevo record. Según los datos del Banco de España publicados esta semana, el endeudamiento del conjunto de las administraciones públicas supera ya el billón de euros, por encima de la riqueza que se produce cada año. Se trata prácticamente de la tasa más elevada desde principios del siglo pasado.
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El dato es preocupante. Por ahora, los bajos tipos de interés reducen el coste de financiación de la deuda, pero esta circunstancia podría cambiar si el BCE decidiera endurecer la política monetaria y poner fin a las medidas de inyección de liquidez. Tampoco se pueden descartar nuevas tensiones en la zona euro —por ejemplo en julio próximo, cuando se evalúe la oportunidad de un nuevo rescate a Grecia— y que podrían repercutir sobre las primas de riesgo de países de la zona Euro como España. Todo ello encarecería el servicio de la deuda, justo cuando el debilitamiento de la economía mundial ensombrece las perspectivas económicas. Existe pues el riesgo de una espiral de la deuda.
Ahora bien, en algunos casos el endeudamiento puede servir para fortalecer el tejido económico. La inversión pública en educación, nuevas tecnologías, sanidad, políticas activas de empleo, cohesión social y un sistema judicial eficaz son ingredientes importantes de la competitividad. Estas políticas conllevan un gasto que en período de crisis no es fácil financiar mediante el aumento de impuestos. Luego crece el déficit y la deuda, pero la contrapartida es una economía más fuerte que deja esperar mayor capacidad para hacer frente al pago de intereses y la amortización de bonos y préstamos.
Algo así ha ocurrido en EE.UU. desde el inicio de la crisis. El American Recovery and Reinvestment Act facilitó un impulso a la inversión pública en torno a 763 mil millones de dólares, mejorando las infraestructuras después de años de descuido y ampliando las redes tecnológicas. La reforma sanitaria y la extensión de la prestación por desempleo a parados de larga duración han mejorado algo la cohesión social, aunque todavía queda mucho por hacer para reducir las desigualdades en ese país. Sin duda todo ello ha repercutido sobre la deuda pública, pero también ha propiciado la recuperación económica. La tasa de paro en EE.UU. se ha reducido hasta niveles anteriores a la crisis.
«En España la deuda pública ha crecido con mayor intensidad que en EE.UU. sin que se fortalecieran en la misma proporción los fundamentos de la economía. La productividad se ha estancado, las tasas de fracaso escolar se mantienen en niveles alarmantes y la pobreza laboral está ganando terreno».
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En España la deuda pública ha crecido con mayor intensidad que en EE.UU. sin que se fortalecieran en la misma proporción los fundamentos de la economía. La productividad se ha estancado, las tasas de fracaso escolar se mantienen en niveles alarmantes y la pobreza laboral está ganando terreno, merced de un mercado de trabajo polarizado y que ofrece pocas perspectivas de empleo para jóvenes cualificados.
«La reducción de impuestos en países con un déficit abultado no es vista con buenos ojos por parte de la Comisión, tal y como se ha podido comprobar en sus recomendaciones a varios países, entre otros España».
El país se ha enfrentado a una doble crisis, la internacional y la del ladrillo, fruto de una burbuja de endeudamiento privado (de empresas y sobre todo de hogares) facilitada por el sector bancario. El estallido de la burbuja provocó una caída del gasto en consumo e inversión privada que justificaba un papel más activo del Estado para limitar el desplome de la economía. Pero la respuesta debería haber tenido en cuenta la necesaria reconstrucción de la base productiva del país.
Europa tiene algo que ver con las decisiones que se han tomado. La reducción del déficit público por debajo del 3 por ciento del PIB se ha convertido en objetivo fetiche. Pero se echa en falta un debate más estratégico. El llamado plan Junker ha permitido dar un paso en el buen sentido, pero representa apenas 21 mil millones de euros de inversión pública, cifra muy inferior al programa americano. Últimamente la Comisión Europea parece estar haciendo más caso a la composición del déficit. Así pues, la reducción de impuestos en países con un déficit abultado no es vista con buenos ojos por parte de la Comisión, tal y como se ha podido comprobar en sus recomendaciones a varios países, entre otros España. En cambio, se empieza a reconocer que la inversión en políticas activas de empleo es prioritaria.
Lo que importa es el modelo productivo sobre el cual se tiene que asentar la política presupuestaria. Lo contrario es priorizar el desendeudamiento sin considerar las consecuencias sobre la economía y el bienestar.
Escasa colocación de parados por las oficinas públicas de empleo
Según indicadores detallados de la Encuesta de Población Activa para el 2015, solo el 1,7 por ciento de los asalariados consiguieron empleo mediante una oficina de empleo pública. En el 2014, el porcentaje fue del 2 por ciento. La contratación ocurre mayormente mediante las empresas, contactos personales y empresas de trabajo temporal. Esta situación perjudica a los jóvenes y parados de larga duración que son los que más necesitan un apoyo público para encontrar empleo. Las oficinas de empleo carecen de un número suficiente de orientadores para apoyar la búsqueda de empleo, circunstancia que ha empeorado estos últimos años como consecuencia de las restricciones presupuestarias. Dotándolas de medios adecuados, y reforzando las políticas activas del mercado laboral, las oficinas de empleo podrían jugar un papel esencial en la lucha contra el desempleo.
