El tramo final del año está abonando el terreno de la recuperación de la economía española. La vacuna contra el virus ha empezado a desplegarse en algunos países, y su autorización en la Unión Europea se espera para las próximas semanas. Mientras tanto, el BCE facilita las políticas expansivas de los Estados, extendiendo el periodo de compra de deuda hasta marzo de 2022, y comprometiéndose a mantener los activos adquiridos como consecuencia de la pandemia durante un tiempo prolongado. Y el Consejo Europeo da luz verde al presupuesto europeo, indispensable para desbloquear el plan de recuperación con el que ya cuentan los Gobiernos, sobre todo los más beneficiados por las ayudas como el nuestro. Solo faltaría un acuerdo sobre el Brexit, todavía plagado de escollos, para alejar algunos de los principales riesgos externos.
La economía española tiene vocación de ser una de las más beneficiadas por la mejora del contexto europeo y del sanitario, por el peso de los sectores más perjudicados por las limitaciones a la movilidad. Sin embargo, en sus últimas proyecciones el BCE vaticina un efecto diferido en el tiempo, hasta mediados de 2021, tras un periodo que todavía estará marcado por la incertidumbre. Esto explica el recorte de su pronóstico de crecimiento para la eurozona en 2021, hasta el 3,9% (en torno a un punto menos que en la anterior previsión), que se compensa con una aceleración en 2022 hasta el 4,2% (un punto más).
El desafío es, por tanto, no bajar la guardia, en primer lugar porque los síntomas de recaída no han desaparecido. Según el Banco de España, son significativamente más las empresas que se enfrentan a un nuevo descenso de su facturación y de su plantilla en el cuarto trimestre, que las que registran una mejora. Las expectativas apenas cambian para el inicio de 2021. La facturación ha caído una media del 10% en el año, pero los descensos superan el 15% para más de una de cada tres empresas. Sobre todo, el shock es muy desigual entre sectores, confirmando el riesgo de insolvencia de parte del aparato productivo. La reducción de la inflación subyacente, hasta casi desaparecer, también apunta a un estrechamiento de los márgenes y una coyuntura muy incierta, en consonancia con los principales indicadores de confianza, que se mantienen en terreno negativo.
«La experiencia de países que han conseguido contener los contagios muestra que la reacción de sobreahorro de las familias tarda en normalizarse. Cuando lo hace, se traduce en profundos cambios en las pautas de consumo. El principal beneficiario es el comercio electrónico, así como el consumo de bienes y servicios digitales. A la inversa, el miedo a viajar persiste».
Raymond Torres
Es a esa luz que conviene leer el incremento de la afiliación a la Seguridad Social, en realidad impulsada por el alza de ocupados que no trabajan (ya sea por estar en un ERTE y en, el caso de los autónomos, por cese de actividad). Asimismo, es probable que los cierres hayan provocado un descenso en las horas trabajadas, aunque significativamente menos que en la primera ola.
Además, la recuperación será tan desigual como la propia crisis. La experiencia de países que han conseguido contener los contagios, como Corea del sur o Japón, muestra que la reacción de sobreahorro de las familias tarda en normalizarse. Y que, cuando lo hace, se traduce en profundos cambios en las pautas de consumo con respecto a la era precovid. El principal beneficiario es el comercio electrónico, así como el consumo de bienes y servicios digitales. A la inversa, el miedo a viajar persiste. También se observan cambios estructurales en los hábitos de trabajo, así como en la integración de los criterios de desarrollo sostenible en la gestión de las empresas —prueba de ello, la emisión de bonos verdes se incrementó un 21% en el tercer trimestre—.
Por tanto, entre las reformas pendientes, las más acuciantes son aquellas que faciliten las transiciones laborales, digitales y hacia una economía descarbonizada, sin olvidar aquellas que contribuyen a explicar la gravedad de la crisis en nuestro país —elevada temporalidad del empleo, tamaño de las empresas, fallos en la articulación entre Estado y administraciones territoriales—. De la determinación a emprender esas reformas depende en buena medida que aprovechemos el saludable giro de la política económica europea.
