En los últimos 30 años la investigación académica sobre la corrupción ha acumulado evidencias acerca de su negativo impacto en la economía y el desarrollo. La lucha contra la corrupción se ha centrado, tradicionalmente, en la introducción de mayores controles previos –que ofrecen algunos efectos adversos– y en el castigo penal –cuya lentitud genera sensación de impunidad–. El enfoque económico propugna el diseño de instituciones y mecanismos que generen mejores incentivos para evitar la corrupción, mediante el uso de la competencia, la rendición de cuentas y la transparencia. La relevancia de este último factor es enorme, pero necesita de la implicación de toda la sociedad.
