Las elecciones al Parlamento Europeo se celebrarán del jueves 6 al domingo 9 de junio a lo largo de la Unión Europea. Son cada cinco años y sirven de punto de inflexión en las prioridades y agenda de la UE. No es que se vaya a poner la casa “patas arriba”, pero con una renovada composición del poder legislativo y los posteriores cambios en la Comisión Europea, muchas de las políticas suelen tomar nuevo rumbo. Todo dependerá de las nuevas mayorías que se conformen. Entre los elementos que pueden sufrir cambios significativos se encuentran los económicos y financieros.
En primer lugar, parece claro que el futuro de la denominada “Agenda Verde” puede ser el principal tema económico de la campaña electoral. Las protestas de todo el campo europeo en las últimas semanas han sido la espoleta que aboca a un profundo debate. Ya se había acumulado en los últimos años evidencia que mostraba que los estándares medioambientales más duros y el mayor ritmo de logro de objetivos de sostenibilidad en Europa que en otras latitudes parecen estar minando la competitividad europea. Sería un error abandonar una “agenda sostenible”, es inevitable, aunque otros países muy relevantes estén flaqueando en su consecución —allá ellos—, si queremos evitar males mayores. En todo caso, el grado de desaprobación de (buena) parte de la sociedad europea al ritmo de consecución de objetivos medioambientales se medirá en las elecciones. No se puede descartar que se flexibilice la agenda sostenible significativamente para evitar un rechazo más generalizado de consecuencias imprevisibles.
Un segundo asunto del que se habla mucho últimamente es la necesidad de aumentar notablemente el presupuesto en defensa. Tiene claras implicaciones sobre el gasto público. Gane quien gane las elecciones presidenciales de Estados Unidos —más si es Trump, aunque también acontecería con Biden—, y ante las crecientes amenazas existentes en el Viejo Continente, el mensaje es claro: Europa debe reforzar notablemente sus capacidades de defensa con sus propios recursos. Los fondos necesarios serían elevados, y pasaría a ser una prioridad presupuestaria que limitaría otras políticas. Si esa respuesta se haría de modo coordinada dentro de la UE está por ver, aunque tendría mucho sentido en un contexto de integración.
Por último, hay muchos proyectos en marcha que culminarán en la próxima legislatura europea y que, al ser más técnicos, pueden quedar bajo del radar de la pugna política encarnizada. Un ejemplo es el proyecto del euro digital, impulsado por el BCE y la Comisión Europea, que irá quemando etapas en los próximos años hasta que finalmente se decida si se crea, algo probable pero pendiente de estipular. Le quedaría aún la prueba más dura, el test de la adopción por parte de la población europea que ya tiene soluciones privadas eficientes de pagos y que, según se lleve a la práctica, puede presentar dudas sobre la privacidad que se pierde con su uso. Algunos grandes proyectos europeos impulsados políticamente no siempre son respaldados por el gran público, algo que nuevamente podríamos comprobar en las elecciones de junio.
Este artículo se publicó originalmente en el diario La Vanguardia.
