A la política económica española quizás le ha faltado bastante sinceridad desde hace años. Honestidad para librarse de la propiedad intelectual o temporal de las ideas y reconocer los puntos de encuentro. Es difícil identificar políticas de izquierdas y derechas cuando la realidad nos ha vinculado, desde la transición, a un entorno de responsabilidad fiscal y apertura europea en el que no se pueden etiquetar ideológicamente determinadas propuestas. Pisamos un terreno en el que lo que llamamos Estado de bienestar ha intentado madurar sin la necesaria solidez.
Cada vez que se acerca una cita electoral, cada vez que son precisos acuerdos para sumar mayorías de gobierno (o de censura), aparecen conjuntos de intersección en las propuestas económicas de partidos de casi todo el espectro político. Resulta incluso ilusionante comprobar que tocan aspectos estructurales que hacen mucha falta en este país, desde el tratamiento de la corrupción hasta la reforma educativa o la sostenibilidad de las pensiones. Cuando llega el momento de pasar a la acción, sin embargo, los conjuntos se alejan y desaparece el espacio común para entregarse a una doble misión destructiva. Por un lado, renegar de las ideas comunes para apropiárselas de forma individual, casi siempre sin mayoría suficiente para implementarlas. Por otro lado, aceptar visiones más populistas con los brazos abiertos, dejando de lado la necesaria reforma de largo plazo en pos de un rédito electoral de corto plazo. Los últimos acuerdos para vincular pensiones al IPC son el ejemplo más claro.
«No parece existir un ambiente de solidez institucional y territorial que propicie mirar a lo estructural. La última vez que se abordaron reformas profundas en España, fue obligados por la UE ante la crisis».
Esta semana se debaten los presupuestos en el Parlamento. Una vez más pero ahora suena a definitiva. Si no se aprueban, se esperan acontecimientos de naturaleza política de calado. Lo que le falta a este país es apuntalar la economía en un momento en el que la desaceleración económica europea e internacional aprieta. Curiosamente, ahora que es posible que a la legislatura le puede quedar poco tiempo para emprender grandes reformas, se presenta una nueva agenda reformista. Es, sin duda, un punto de referencia que los ciudadanos no deberían perder de vista. La Agenda del Cambio presentada por la Ministra de Economía introduce propuestas estructurales tanto o más importantes que las que se debaten en torno a los Presupuestos del Estado. Pero no es esa Agenda la que parece concentrar la batalla política y el escenario mediático, por lo que lamentablemente podría terminar diluyéndose. Dejando al margen aspectos formales (importantes pero salvables), medidas como la “mochila austriaca” o reformas en materia de ciencia, investigación o energía tienen mucho que ver con propuestas y programas electorales anteriores de otros ejecutivos con distintos signos políticos. Si hubiera la suficiente madurez política se encontrarían muchas posibilidades de avanzar. Sin embargo, el populismo parece un virus demasiado contagioso. Y con frecuencia acaban tomándose medidas completamente contrarias a la lógica anteriormente planteada.
No parece existir un ambiente de solidez institucional y territorial que propicie mirar a lo estructural. La última vez que se abordaron reformas profundas en España, fue obligados por la UE ante la crisis. Sin puntales, el próximo vaivén puede llevarse demasiados cimientos de la economía española por delante.
