Las previsiones divulgadas la pasada semana por la Comisión Europea contienen un mensaje explícitamente positivo, así como una importante advertencia, formulada de forma subliminal. El mensaje es que Bruselas anticipa que la economía española liderará la recuperación, con tasas de crecimiento netamente superiores al 5% en los dos próximos años. Si bien la nuestra ha sido también la más golpeada por la crisis, la intensidad del rebote debería permitir recuperar buena parte del terreno perdido. Por supuesto, mucho depende del proceso de vacunación y por tanto de la desaparición del miedo a viajar –un factor especialmente relevante para nuestro país, con unos ingresos latentes por turismo de 72.000 millones de euros—. Además, el comportamiento de gasto de las familias es una de las grandes incógnitas. Las familias que han incrementado su ahorro precautorio por las incertidumbres pueden retomar el camino del consumo, como lo anticipa la Comisión con buen criterio. Pero si se decantan por mantener el sobreahorro —y por ejemplo compran vivienda— el rebote será menos intenso. En cualquier caso, las perspectivas parecen alentadoras.
Gráfico 1
Gráfico 2
Fuentes: Eurostar y estimaciones Funcas.
Estaríamos por tanto ante una pesadilla transitoria, de la que saldríamos gracias a la vacuna y con un cóctel de fondos europeos y reformas. Sin embargo, las previsiones también contienen una advertencia: aunque no asumido abiertamente, el diagnóstico que se desprende es que la economía europea necesitará una política económica expansiva durante un tiempo prolongado.
«La política económica europea tiene ahora como principal objetivo el crecimiento inclusivo en condiciones financieras sostenibles, lo que supone una política fiscal marcadamente contracíclica, con fases expansivas y de vuelta al equilibrio que tengan en cuenta la posición coyuntural de cada país. El BCE aporta un apreciable margen de maniobra, y sería contraproducente ponerlo en cuestión ahora con propuestas de anulaciones de deuda, cuando se necesita su perpetuación»
Raymond Torres
Para España, el informe aboga con razón por medidas de contención del riesgo de insolvencia empresarial, que podría ser letal para la recuperación precisamente porque el sobreendeudamiento se concentra en algunos de los sectores con más potencial de rebote. Un incremento del gasto y de la deuda pública (por transferencias directas a negocios en dificultad y por la restructuración de créditos avalados que deberá asumir el Estado) es por tanto inevitable si queremos evitar un deterioro del tejido productivo. Además, esos costes no podrán financiarse con recursos europeos, de lo que se deriva que la Comisión está pidiendo una mayor expansión fiscal.
También se hace hincapié en otras medidas para limitar el impacto a largo plazo de la crisis (el llamado efecto histéresis), especialmente en el mercado laboral. Las personas que están actualmente amparadas por dispositivos de tipo ERTE se cuentan todavía por millones a nivel europeo. En muchos casos será necesaria una recolocación en nuevas empresas, en otros una ayuda reforzada a la búsqueda activa de empleo o una formación. Nada que se pueda hacer eficazmente sin más recursos. Asimismo, la capacidad productiva está expuesta al efecto histéresis, porque una de las características de esta crisis es que las empresas que no sufren las restricciones de actividad tienden a mantener sus excedentes en activos líquidos, en vez de invertir. El mantenimiento de un clima favorable a la inversión, y de condiciones financieras acomodaticias, es por tanto imprescindible.
En suma, Bruselas recomienda, sin necesariamente admitirlo, más activismo de los Estados. Algo que, si bien parece justificado por el momento económico, es incompatible con un retorno a las reglas fiscales anteriores a la crisis, al menos en el horizonte de previsión. En primer lugar, porque el shock ha sido asimétrico y por tanto el ritmo de corrección de los desequilibrios presupuestarios no puede ser idéntico para todos los países, so pena de descarrilar la recuperación y provocar una implosión de la zona euro. Además, las reglas fiscales se han quedado obsoletas ante el giro de la política económica europea, cuyo principal objetivo es ahora el crecimiento inclusivo en condiciones financieras sostenibles. Esto solo se puede conseguir con reformas bien diseñadas. Pero también supone una política fiscal marcadamente contracíclica, con fases expansivas y de vuelta al equilibrio que tengan en cuenta la posición coyuntural de cada país. El BCE aporta un apreciable margen de maniobra, y sería contraproducente ponerlo en cuestión ahora con propuestas de anulaciones de deuda, cuando se necesita su perpetuación. Ha llegado el momento de reformular la política fiscal europea.
INDICADORES | Según el informe de sostenibilidad de la deuda de la Comisión Europea, el BCE compró deuda española en 2020 por cerca de 117 mil millones de euros (sumando los volúmenes adquiridos por los programas APP y PEPP). Esto es superior al 38% del total de necesidad de financiación del Estado para ese año (entre 5 y 8 puntos más que los valores registrados en Alemania, Francia e Italia). En 2021, el BCE todavía compraría hasta el 35% de la nueva deuda emitida, a lo que habría que añadir el monto de reinversiones.
Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.
