El repunte de la inflación y de los tipos de interés ha disparado algunas alarmas. En enero, los precios aumentaron en torno al 3%, una tasa claramente superior a la media de la zona euro y, que según algunos observadores, podría desencadenar una espiral de precios, salarios y pérdida de competitividad. Por otra parte, la inflación se empieza a reflejar en el coste de financiación de la deuda pública. Esta semana el Tesoro colocó títulos de deuda pública a 10 años a un tipo de interés que supera el 2,1%, medio punto más que la subasta que tuvo lugar en el mes de noviembre. De mantenerse, esta tendencia podría traducirse en un incremento notable de los pagos por intereses que soporta el Estado. La carga adicional podría exceder 5.000 millones de euros en el 2017, algo que anularía la tercera parte de los esfuerzos de reducción del déficit público para este año y que provocaría el incumplimiento de los objetivos pactados con las instancias europeas.
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Ahora bien, por significativas que sean, estas noticias solo traducen una vuelta progresiva a la normalidad. Como ya se ha venido señalando, el incremento de los precios se debe casi exclusivamente a la depreciación del euro y al alza de la cotización del petróleo, que vuelve a niveles normales después del desplome provocado por la falta de acuerdo entre países productores. También se han encarecido algunos alimentos sin elaborar, como consecuencia de las ingratas condiciones climatológicas que prevalecen en el resto de Europa. Sin embargo, el núcleo central de la inflación —es decir, descontando los precios energéticos y de los alimentos sin elaborar— se mantiene estable, por debajo del 1%. Así pues, para el conjunto del 2017, si no se produce una espiral de precios nefasta para todos, la inflación podría situarse en torno al 2%. Una cifra moderada, además de alejar el peligro de deflación. Los tipos de interés, por su parte, también se están normalizando, aunque de forma muy gradual. En términos reales, el Estado se sigue endeudando a tipos negativos. Y los inversores disponen de un importante volumen de liquidez que mantiene una presión a la baja sobre el coste de financiación de los gobiernos.
«La pérdida de renta disponible que provoca la depreciación del euro frente al dólar y el alza del petróleo es ineludible. Pero se puede distribuir para contener la inflación y a la vez repartir los costes de forma equilibrada entre las empresas, los trabajadores y aquellas personas que dependen del erario público».
Frente a este proceso de normalización, conviene evitar dos errores. Primero, el de interpretar el repunte de los precios como el pistoletazo para endurecer las políticas macroeconómicas, como lo exigen algunos expertos en Alemania, donde la inflación se está acercando al 2%. Pero si el BCE hiciera caso a esos augurios y pusiera fin al arsenal de medidas de estímulo al crédito, se desencadenaría una nueva crisis de la deuda pública y un aumento de las primas de riesgo, sobre todo en los países más endeudados, entre ellos España. En cuanto a los presupuestos, su objetivo debe seguir siendo el de reducir el déficit a medio plazo y a la vez proporcionar los servicios que requiere el desarrollo del país. No es realista neutralizar, en un solo año, el incremento de la carga de la deuda provocado por el repunte de los tipos de interés. Ello obligaría a un recorte de gastos o un brusco aumento de impuestos.
En segundo lugar, el repunte de los precios no se debe trasladar al núcleo central de la inflación. La pérdida de renta disponible que provoca la depreciación del euro frente al dólar y el alza del petróleo es ineludible. Pero se puede distribuir para contener la inflación y a la vez repartir los costes de forma equilibrada entre las empresas, los trabajadores y aquellas personas que dependen del erario público (funcionarios y pensionistas). No existe fórmula mágica para conseguir algo así. Pero sí un método: el dialogo social. Esperemos que el decreto-ley que acaba de presentar el gobierno sirva de punto de partida para ese diálogo.
En definitiva, conviene no sobre-reaccionar, pero la economía española tendrá que adaptarse a un entorno de inflación moderada y tipos de interés positivos. La vuelta a la normalidad implica que la recuperación dependa de las propias fuerzas de la economía española. Y no de vientos externos, excepcionalmente favorables, que han dejado de soplar.
Fuentes de los gráficos: INE, IGAE y Funcas.
